- Más de 170 inmigrantes venezolanos fueron deportados desde la prisión militar de Guantánamo.
- La medida se toma luego de una demanda presentada por grupos de derechos civiles y abogados de inmigración.
- El Departamento de Justicia asegura que los detenidos no tenían derecho legal a asistencia letrada, aunque afirman que pueden comunicarse con abogados.
En una sorpresiva medida, el gobierno de Donald Trump ha procedido a vaciar la prisión de máxima seguridad ubicada en la Bahía de Guantánamo, un establecimiento utilizado para la detención de inmigrantes bajo órdenes de deportación desde Estados Unidos. La decisión se tomó tras la presentación de un informe judicial que detallaba cuántas personas estaban detenidas en este centro, el cual acogía, entre otros, a inmigrantes venezolanos con pocos o ningún antecedente criminal.
El jueves, un avión transportó a cerca de 200 inmigrantes venezolanos desde la base militar hacia su país de origen, lo que marcó el inicio de la operación de desalojo. Esta medida se produjo tras una serie de alegaciones presentadas por abogados especializados en inmigración y organizaciones de derechos civiles que exigían la apertura del centro para brindar asistencia legal a los detenidos.
El Departamento de Justicia, en respuesta a una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades, destacó que la evacuación de los 178 inmigrantes detenidos eliminaba la necesidad de que se presentaran medidas cautelares en su favor. Los funcionarios subrayaron que la detención de los inmigrantes en Guantánamo no estaba pensada para ser permanente, sino temporal, y que los detenidos no tenían derecho a asistencia legal.
Guantánamo albergaba a inmigrantes
El centro militar, que había sido utilizado principalmente para la detención de sospechosos de terrorismo, ahora albergaba a inmigrantes venezolanos, muchos de ellos acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos sin haber sido procesados por delitos graves. De acuerdo con los documentos judiciales, 128 de los detenidos fueron considerados peligrosos, mientras que el resto, alrededor de 51 personas, eran catalogados como “menos peligrosos”.
Los abogados del Departamento de Justicia defendieron el procedimiento alegando que los detenidos tenían acceso limitado a asistencia letrada, aunque los demandantes sostenían que no se les garantizaba el derecho pleno a representación legal ni a mantener contacto con sus familiares.
El uso de la prisión de Guantánamo para este tipo de detenciones ha generado fuertes críticas de organizaciones humanitarias, que denuncian condiciones de abuso y aislamiento. La situación ha sido calificada como un posible caldo de cultivo para la violencia y la violación de derechos humanos, tal como lo expresó Jennifer Babaie, abogada del Las Americas Immigrant Advocacy Center, quien destacó la inaceptabilidad de mantener a los detenidos en esas condiciones.
El caso sigue siendo vigilado por el juez Carl Nichols, quien recientemente impidió el traslado de tres venezolanos al centro de detención de Guantánamo.
