- La FGR acusa que el Ayuntamiento de Tequila fue usado como base para extorsión, secuestro y control político.
- Funcionarios municipales y policías habrían participado en cobros ilegales y amenazas, con presunto respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
- El alcalde Diego Rivera Navarro fue detenido y trasladado al penal federal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, encabezó una red criminal que operó desde el interior del ayuntamiento para cometer delitos de extorsión, secuestro y abuso de poder. La acusación se basa en denuncias formales, testimonios de víctimas y una investigación federal que describe un esquema sostenido y organizado.
Uso del poder municipal como mecanismo de presión
Según la FGR, decisiones administrativas, inspecciones oficiales y operativos de seguridad pública fueron utilizados para intimidar a empresarios, comerciantes, opositores políticos y trabajadores municipales. Las denuncias describen un patrón reiterado: visitas “oficiales” que derivaban en amenazas, exigencias económicas y advertencias de represalias si no se cumplían las condiciones impuestas.
La Fiscalía señala que estas prácticas formaban parte de una estrategia deliberada para someter a quienes se resistían, utilizando la estructura del gobierno local como herramienta de coerción.
Extorsión sistemática a comercios y empresas
En el expediente judicial se integraron testimonios de comerciantes que relataron cómo el alcalde y su círculo cercano acudían a sus negocios acompañados por policías municipales armados para exigir pagos periódicos. Las amenazas incluían clausuras administrativas, agresiones físicas y privación ilegal de la libertad.
Algunos afectados entregaron a las autoridades información clave, como números telefónicos, ubicaciones de presuntas casas de seguridad y la identidad de funcionarios y operadores involucrados en los cobros ilegales.
Secuestros para control político
La investigación federal documenta también denuncias de excandidatos municipales, quienes afirmaron haber sido privados de la libertad, golpeados y trasladados a casas de seguridad. Ahí fueron obligados a firmar su renuncia a procesos electorales bajo amenazas de muerte. Ambos testimonios señalan directamente al presidente municipal como responsable de estos hechos.
Funcionarios y policías involucrados
La FGR identifica una estructura integrada por servidores públicos del ayuntamiento, entre ellos directores de áreas estratégicas como Seguridad Pública, Catastro y Predial, y Obras Públicas, además de policías municipales y presuntos operadores externos. Estas personas habrían participado de forma directa en amenazas, cobros y actos de violencia contra las víctimas.
El vínculo con el CJNG
El caso adquiere mayor dimensión por la presunta relación de esta red con el CJNG. La Fiscalía sostiene que el grupo criminal habría brindado protección al esquema de extorsión, lo que permitió su operación durante meses. En la región se documentó un incremento de desapariciones, extorsiones y otras actividades delictivas durante el periodo investigado.
Una gestión marcada por denuncias
Diego Rivera Navarro asumió la presidencia municipal en octubre de 2024, prometiendo una administración basada en honestidad y transparencia. Sin embargo, su gestión estuvo acompañada de conflictos con empresas tequileras y hoteleras, denuncias por cobros excesivos, clausuras irregulares, despidos masivos y acusaciones de violencia política de género por parte de regidoras.
Estos antecedentes fueron integrados por la FGR como parte del contexto que permitió el desarrollo del esquema criminal dentro del ayuntamiento.
Detención y proceso judicial
La detención del alcalde se realizó el 6 de febrero de 2026, tras una serie de cateos en distintos municipios de Jalisco. Rivera Navarro fue trasladado al penal federal del Altiplano, donde se prevé que enfrente cargos por delincuencia organizada, extorsión y secuestro.
Autoridades federales señalaron que el caso se originó a partir de múltiples denuncias ciudadanas y empresariales, y que forma parte de una estrategia para combatir la extorsión y la corrupción en gobiernos locales.
