La presidenta peruana Dina Boluarte fue sometida a un interrogatorio de más de tres horas el viernes en la Fiscalía General, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La sede de la fiscalía en Lima estuvo fuertemente custodiada por rejas, policías y periodistas.
Durante el interrogatorio, un grupo de manifestantes expresó su descontento con pancartas y consignas, mientras que otro grupo mostraba su apoyo a Boluarte. El fiscal general, Juan Villena, tomó declaración a la mandataria, esperando que pueda aportar “los medios probatorios” necesarios, según comentó ante una comisión del Congreso.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, expresó su esperanza de que este interrogatorio ponga fin a lo que llamó un “culebrón”. Sin embargo, la presidenta sigue bajo investigación preliminar, iniciada después de que medios de comunicación reportaran sobre el uso de joyas y relojes de lujo no declarados.
Boluarte ha sobrevivido a dos intentos legislativos de destitución por “incapacidad moral permanente”, pero la investigación sigue su curso. La presidenta ha declarado que algunos de los relojes son de su propiedad desde hace mucho tiempo, adquiridos con su propio esfuerzo, y ha lamentado el enfoque de los medios en su vestimenta.
Aunque la investigación continúa, la Fiscalía puede presentar una denuncia constitucional ante el Parlamento al finalizar el mandato de Boluarte en 2026. Mientras tanto, la impopularidad de la presidenta se sitúa en un 86%, según el Instituto de Estudios Peruanos.
Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, sucediendo a Pedro Castillo, quien fue destituido y está siendo investigado por corrupción. Antes de su ascenso político, Boluarte era una funcionaria de bajo perfil en una oficina de registro de identidad.
