• Tribunal Colegiado concede suspensión definitiva contra el tramo 5 del Tren Maya.
• Profepa deberá inspeccionar, verificar y atender denuncias por daños ecológicos.
• La medida no cancela la obra, pero impone mayor control ambiental en Cancún–Tulum.
Resolución judicial y alcance de la suspensión
Un Tribunal Colegiado concedió una suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por el colectivo Sélvame del Tren en contra de las obras del tramo 5 del Tren Maya, que conecta Cancún con Tulum, en Quintana Roo.
La determinación ordena a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar acciones de verificación, inspección, conservación y protección de los recursos naturales en la zona donde se desarrollan los trabajos. También instruye a atender las denuncias relacionadas con posibles afectaciones ambientales derivadas de la construcción y operación del proyecto.
Aunque la suspensión definitiva no implica la cancelación automática del tramo, sí establece la obligación de reforzar la supervisión ambiental y de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Obligaciones específicas para Profepa
La resolución está dirigida a la Subprocuraduría de Recursos Naturales y a la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de la Profepa. Estas instancias deberán dar seguimiento puntual a las denuncias públicas y supervisar que las actividades constructivas se apeguen a la legislación ambiental.
El fallo judicial representa un mecanismo de control para asegurar que cualquier desarrollo en la zona se realice bajo criterios de legalidad y protección ecológica.
Reacción de organizaciones ambientales
El colectivo Sélvame del Tren celebró la decisión al considerar que fortalece la defensa de los ecosistemas de la región. “Este logro es un importante paso hacia la protección de nuestros recursos naturales y garantiza que se llevarán a cabo acciones de verificación, inspección, conservación y protección ante las denuncias públicas presentadas”, señaló la organización.
Guillermo DChristy, presidente del colectivo, afirmó que la resolución envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de las autoridades ante las denuncias ciudadanas. “No es solo un logro legal. Es un mensaje claro: la naturaleza tiene derechos y la sociedad civil organizada puede incidir. Gracias a cada persona que ha sostenido esta causa con información, presencia y convicción. Seguimos trabajando por un modelo de desarrollo que respete la vida. La protección ambiental es una responsabilidad”.
Impactos ambientales señalados en el tramo 5
El tramo 5 ha sido uno de los más controvertidos del proyecto por atravesar selva, sistemas de cavernas y acuíferos en suelo cárstico. Diversas organizaciones han denunciado deforestación, fragmentación de hábitats y posibles daños a ríos subterráneos y cenotes característicos de la Península de Yucatán.
Además, especialistas han advertido sobre riesgos estructurales relacionados con la instalación de miles de pilotes sobre terreno poroso, lo que podría generar impactos ambientales y de infraestructura si no se supervisa adecuadamente.
Expropiaciones y contexto político
El pasado 3 de febrero de 2026, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la expropiación de 51,187.83 metros cuadrados de propiedad privada en municipios como Tulum y Felipe Carrillo Puerto, bajo el argumento de utilidad pública para garantizar la continuidad operativa de los tramos 1 al 6.
El Tren Maya fue impulsado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de detonar el desarrollo económico y turístico del sureste. Sin embargo, el tramo 5 concentra las principales controversias por la fragilidad ecológica de la zona Cancún–Tulum.
Costos y cuestionamientos adicionales
El presupuesto original del proyecto rondaba los 156 mil millones de pesos. No obstante, análisis recientes estiman que el costo total ha superado el medio billón de pesos, es decir, más de 500 mil millones.
También se ha señalado que el número de estructuras instaladas en el sistema de cavernas supera ampliamente las cifras iniciales, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre riesgos ambientales y posibles afectaciones al acuífero.
La resolución judicial abre una nueva etapa de vigilancia legal sobre el tramo 5 y refuerza el debate público sobre la compatibilidad entre desarrollo de infraestructura y protección ambiental.
