• Fue arrestada en Arizona tras violar su libertad condicional
• Está condenada por el incendio que dejó 49 menores muertos en 2009
• Padres de víctimas exigen su regreso y acusan impunidad
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitó la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las propietarias de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Fue detenida en Tucson, Arizona, luego de haber permanecido prófuga desde 2022 tras incumplir su sentencia de libertad condicional.
Téllez fue condenada en 2016 a 28 años y 11 meses de prisión por su responsabilidad en el incendio de la guardería que causó la muerte de 49 niñas y niños. Sin embargo, tras varios amparos, la pena fue reducida a 5 años y 7 meses, que nunca cumplió. Huyó a Estados Unidos, donde fue localizada el pasado fin de semana.
La FGR explicó que desde septiembre de 2024 se gestionó su detención con fines de extradición, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las autoridades estadounidenses fijaron la audiencia para el próximo 8 de octubre.
Padres de las víctimas, agrupados en la organización Manos Unidas por Nuestros Niños, han exigido que Téllez sea devuelta a México para cumplir su condena. Acusan que su defensa busca frenar la extradición solicitando asilo político, alegando persecución, lo que consideran un intento para evadir la justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno apoyará todas las gestiones necesarias para que Téllez sea juzgada en territorio mexicano. Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que ningún responsable debe estar por encima de la ley ni quedar impune.
La tragedia ocurrió el 5 de junio de 2009, cuando un incendio en una bodega del gobierno estatal se propagó a la Guardería ABC, operada bajo convenio con el IMSS. La estancia no contaba con salidas de emergencia funcionales ni condiciones mínimas de seguridad.
El saldo fue de 49 menores fallecidos, más de 70 con quemaduras graves y al menos 39 con afectaciones pulmonares. A más de 15 años de los hechos, familiares denuncian que muchas órdenes de aprehensión siguen sin ejecutarse y que varios responsables no han sido sentenciados.
