Naval Group, una destacada empresa de defensa con sede en Francia, ha sido elegida para construir cuatro submarinos diésel-eléctricos para la Armada de Países Bajos, según anunció el gobierno este viernes. Este acuerdo provisional tiene como objetivo reemplazar tres submarinos clase Walrus que han alcanzado su ciclo de vida.
Aunque el costo de los nuevos submarinos no ha sido revelado por el gobierno neerlandés, el Ministerio de Defensa indicó en una comunicación a los legisladores que el “presupuesto de inversión” hasta 2039 asciende a 5.600 millones de euros (6.100 millones de dólares), incluyendo costos de construcción y otros gastos asociados.
Según los términos del acuerdo provisional, que aún debe ser ratificado por los legisladores, Naval Group entregará los dos primeros submarinos dentro de un plazo máximo de 10 años a partir de la firma del contrato de entrega, según informó el ministerio.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa resaltó que los nuevos submarinos, bautizados como Orca, Swordfish (Pez Espada), Barracuda y Tiger Shark (Tiburón Tigre), representarán una mejora sustancial para la flota actual de tres unidades, que permanecerán en servicio hasta que sean reemplazadas.
Aunque la elección de un constructor francés ha sido objeto de atención, el gobierno señaló que el acuerdo beneficiará significativamente a las empresas de Países Bajos involucradas en la construcción y el equipamiento de los nuevos submarinos.
Naval Group se vio envuelto en un incidente diplomático en 2021 cuando el gobierno australiano anunció la cancelación de un contrato de 90.000 millones de dólares australianos para submarinos diésel-eléctricos fabricados en Francia. En su lugar, Australia optó por el suministro de submarinos propulsados con tecnología nuclear en asociación con Estados Unidos y el Reino Unido, lo que provocó críticas por parte de líderes franceses que consideraron que se había actuado a sus espaldas.
Como gesto para restablecer la relación con Francia, Canberra acordó posteriormente pagar a Naval Group 555 millones de euros como compensación por la cancelación del contrato.
