• El máximo tribunal rechazó reactivar una ley estatal que criminaliza a migrantes indocumentados.
• La jueza federal argumentó que la norma es probablemente inconstitucional.
• Organizaciones civiles advierten que la ley invade facultades del Gobierno federal.
La Suprema Corte de Estados Unidos decidió mantener suspendida la aplicación de la ley SB 4-C de Florida, la cual convierte en delito estatal la entrada de personas indocumentadas a ese estado. Esta legislación ha sido una de las más controversiales impulsadas por el gobernador Ron DeSantis.
La decisión del tribunal rechazó una solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien buscaba anular la suspensión dictada por la jueza federal Kathleen M. Williams. La magistrada consideró que la ley podría ser inconstitucional y ordenó frenar su implementación mientras se resuelve el caso.
La ley permite a las autoridades estatales detener y encarcelar a personas que ingresen a Florida sin autorización migratoria, incluso si ya regularizaron su situación. También impone prisión preventiva sin considerar factores personales, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Grupos como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas (FWAF) promovieron una demanda, al considerar que el control migratorio es responsabilidad exclusiva del Gobierno federal, no de los estados.
El caso es seguido de cerca por otras entidades que buscan replicar medidas similares. Florida, donde uno de cada cinco habitantes es inmigrante, ha sido un estado clave en la aplicación de políticas migratorias restrictivas impulsadas por el expresidente Donald Trump.
