Con 102 votos a favor, el Senado avaló la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca recuperar el control del Estado sobre el sistema ferroviario, reactivar el transporte de pasajeros y consolidar una política de movilidad sustentable con enfoque regional.
Esta reforma, parte del llamado Plan C impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, modifica cinco leyes clave, como la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para actualizar el marco jurídico del sector.
Entre sus principales medidas está la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, un organismo autónomo que coordinará el desarrollo ferroviario del país y regulará tanto los trenes de carga como los de pasajeros.
También se declara al ferrocarril como área prioritaria para el desarrollo nacional, lo que impide su privatización sin aprobación del Congreso.
Se prevé inversión superior a 157 mil millones de pesos
La iniciativa contempla una inversión pública superior a 157 mil millones de pesos hasta 2025, con la rehabilitación de más de 3,500 kilómetros de vías. Se estima que esta infraestructura beneficiará a 49 millones de personas e integrará proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y nuevas rutas en el norte del país.
Oposición apoya con observaciones
Aunque la reforma fue aprobada por unanimidad, legisladores del PRI, PAN y MC hicieron observaciones.
- Miguel Ángel Riquelme (PRI) pidió que la reforma incluya un programa maestro de infraestructura y garantías para los derechos laborales.
- Tabita Ortiz (MC) criticó que el 90% del presupuesto proyectado no esté detallado y señaló recortes a caminos rurales.
- Guadalupe Murguía (PAN) propuso establecer metas medibles y exigió transparencia total en concesiones y ejecución de obras.
- Agustín Dorantes (PAN) planteó fortalecer la rendición de cuentas y evitar errores como los sobrecostos del Tren Maya.
Desde el oficialismo, legisladores como Yeidckol Polevnsky (PT) y Waldo Fernández (PVEM) defendieron la reforma, al considerar que impulsa la soberanía energética, el desarrollo regional y posiciona a México como un nodo logístico clave en América del Norte.
La reforma fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y representa uno de los pilares de infraestructura del actual sexenio.
