- Pemex y CFE empresas públicas: se restablece su estatus y se elimina la obligación de rentabilidad.
- La reforma también cambia la regulación del sector ferroviario.
- Se busca garantizar la accesibilidad y continuidad del servicio público.
El Senado de la República aprobó, tras más de seis horas de debate, el decreto que otorga a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el estatus de empresas públicas. La votación final fue de 86 votos a favor de las bancadas de Morena, PVEM y PT. En contra votaron 39 senadores de PAN, PRI y MC, con una abstención.
En este debate, los senadores reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Así, Pemex y CFE se clasificarán como empresas del Estado, sin la obligación de generar utilidades. Después de la aprobación, comenzó la presentación de reservas y propuestas de cambio, aunque el resultado no se puede modificar.
Las reformas establecen que la legislación secundaria definirá cómo los particulares podrán participar en otras actividades de la industria eléctrica. Sin embargo, estas actividades no tendrán prioridad sobre las funciones de las empresas públicas del Estado. Estas empresas deben garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio eléctrico.
El enfoque de Pemex y CFE como empresas públicas
Se incluyeron disposiciones para asegurar que las funciones exclusivas del Estado en áreas estratégicas, como el litio y el servicio de Internet, no se consideren monopolios. También se subraya que no habrá monopolio en la planificación y control del sistema eléctrico nacional. Este sistema debe preservar la seguridad energética del país y ofrecer electricidad al menor costo posible. Se busca evitar el lucro y garantizar la soberanía y seguridad nacional a través de la empresa pública del Estado.
Aprueban reforma para las vías férreas
Antes de esta aprobación, el Senado también dio su apoyo unánime al decreto que reforma el Artículo 28 de la Constitución sobre las vías de transporte ferroviario. Esta reforma, que recibió 123 de 128 votos posibles, se enviará a las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
Al ser una enmienda constitucional, debe contar con el respaldo de al menos 17 de las 32 Legislaturas locales para entrar en vigor. La modificación al Artículo 28 establece que tanto el transporte de pasajeros como de carga por ferrocarril son áreas prioritarias para el desarrollo del país.
El Estado Mexicano tiene el derecho de utilizar las vías ferroviarias para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros. El Ejecutivo federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que esta reforma facilitará el uso de ferrocarriles para el transporte de carga y pasajeros, garantizando precios accesibles y eficientes. Guadalupe Murguía Gutiérrez, coordinadora del grupo parlamentario del PAN, también expresó su apoyo a la enmienda.
