Los líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados han presentado una acción de inconstitucionalidad contra las recientes reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía. Estas reformas fueron impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas este año, y han sido objeto de controversia desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Rubén Moreira (PRI), Jorge Herrera (PAN) y Javier Huacus (PRD) encabezaron esta iniciativa, cumpliendo con los requisitos constitucionales que permiten presentar esta acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La impugnación se centra en varios puntos críticos. Respecto a la reforma a la Ley de Amparo, los partidos argumentan que limita la capacidad de los jueces para suspender actos de autoridades, incluso cuando afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía. Según los líderes parlamentarios, esta medida podría dificultar el acceso a la justicia, especialmente para aquellos con menos recursos, al requerir servicios legales especializados y costosos.
Además, critican que la reforma impide la suspensión de la aplicación de normas generales que puedan afectar los derechos humanos, lo cual consideran un intento de fortalecer el poder gubernamental a expensas de los derechos individuales.
En relación con la reforma a la Ley de Amnistía, los partidos señalan que esta medida vulnera el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas, al prohibir que los tribunales emitan sentencias a favor de estas en casos de graves violaciones de derechos humanos. Argumentan que esto fomenta la impunidad y niega a las víctimas el derecho a conocer la verdad y recibir una reparación integral.
Finalmente, los líderes del PAN, PRI y PRD enfatizan que estas reformas confieren al Ejecutivo facultades que constitucionalmente corresponden al Poder Legislativo. Subrayan que la regulación de la amnistía no debe confundirse con un indulto y que esta prerrogativa debe ser exclusiva del Congreso de la Unión.
La acción de inconstitucionalidad busca garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, fortalecer el estado de derecho y combatir la impunidad mediante una administración de justicia efectiva y equitativa en México.
