- Procon-SP considera abusivas las condiciones del nuevo acuerdo de usuario del Switch 2
- Usuarios brasileños denuncian que la empresa no cuenta con representación legal en el país
- Las quejas han sido escaladas a la sede de Nintendo en Estados Unidos
El lanzamiento del Nintendo Switch 2 ha generado gran expectación, pero también ha despertado polémica, especialmente en Brasil. Las autoridades de protección al consumidor han iniciado acciones contra la compañía japonesa tras los recientes cambios en sus políticas de uso.
En mayo, Nintendo actualizó su acuerdo de usuario para advertir que cualquier modificación al firmware del Switch 2—como alteraciones no autorizadas—resultaría en el bloqueo total del dispositivo. Esta medida convertiría la consola en un aparato inutilizable, lo cual generó una oleada de inconformidad entre consumidores brasileños.
Ante la situación, los usuarios presentaron quejas ante Procon-SP, la oficina de protección al consumidor del estado de São Paulo. El 25 de junio, la entidad emitió un comunicado señalando:
“La ausencia de representación formal en el país es una advertencia importante para el consumidor. Sin esa presencia legal, queda limitada la protección prevista en el Código de Defensa del Consumidor. Cuando la empresa no está registrada en Brasil, muchas veces no hay cómo responsabilizarla legalmente”.
Posible conflicto legal con implicaciones regulatorias
Procon-SP ha clasificado algunas de las nuevas disposiciones de Nintendo como “cláusulas abusivas”, especialmente aquellas que permiten la cancelación unilateral de suscripciones sin justificación clara. Al no contar con una sede formal en Brasil, Nintendo enfrenta un obstáculo adicional: la falta de presencia legal impide que sea fácilmente responsable en el marco del Código de Defensa del Consumidor.
Debido a esta ausencia, el organismo brasileño ha dirigido su reclamo directamente a la oficina de Nintendo en Estados Unidos, en busca de una respuesta formal.
Aunque la compañía japonesa tiene un historial favorable en disputas legales contra otras firmas, esta situación representa un escenario poco común: un enfrentamiento con un organismo estatal de protección al consumidor. El desenlace podría marcar un precedente importante, sobre todo si Nintendo se ve obligada a modificar sus acuerdos de uso en territorio brasileño.
