La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha confirmado la falsedad de la licencia de conducir utilizada como justificación para la prisión preventiva de Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.
Después de una investigación de cinco años, se acusa a Pánfilo Escobedo, empleado de la Secretaría de Movilidad (Semovi), de expedir el documento apócrifo.
En septiembre de 2019, durante el litigio contra la prisión preventiva impuesta por el juez Felipe Delgadillo Padierna, la defensa de Rosario Robles presentó la licencia, admitiendo su falsedad. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó dicho documento para respaldar la medida cautelar.
La licencia falsa fue determinante para que Robles fuera condenada a tres años de prisión preventiva sin pruebas sustanciales hasta la fecha.
Detalles del Caso:
- La licencia apócrifa fue utilizada por la FGR para argumentar que Robles había mentido sobre la dirección de su domicilio, alegando un posible riesgo de fuga.
- La defensa afirmó que el Ministerio Público presentó un documento con datos, firma y fotografía falsos, refutando su autenticidad.
- El bufete de abogados señaló que la dirección en la licencia no correspondía al domicilio real de Robles, evidenciando la arbitrariedad del caso.
Próximos Pasos:
- La audiencia inicial para procesar a Pánfilo Escobedo por los delitos de falsificación y uso indebido de documentos está programada para el 24 de febrero.
- Este caso subraya la presentación deliberada de un documento falso por parte de la FGR ante un juez federal para respaldar la detención de Robles.
El caso de Rosario Robles sigue generando controversia, destacando la complejidad y las implicaciones de la corrupción y el mal manejo administrativo en el sistema de justicia mexicano. La “Estafa Maestra” involucra un esquema de corrupción y desvío de fondos públicos a través de contratos fraudulentos entre entidades gubernamentales y universidades públicas, generando pérdidas millonarias destinadas a proyectos de desarrollo.
