Colaboración con autoridades estadounidenses
El gobierno de México anunció la reapertura de auditorías a contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que están bajo investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La dependencia norteamericana presentó el 11 de agosto de 2025 una denuncia en un tribunal de Texas contra dos empresarios mexicanos con residencia en EU y siete compañías estadounidenses por el presunto pago de sobornos para obtener contratos con la petrolera.
Empresarios señalados
Los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en Estados Unidos, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex y excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche en 2009, actualmente prófugo. Ávila ya había sido sancionado por su participación en el caso Oceanografía en 2014.
Contratos bajo revisión
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que se investigan cuatro contratos de Pemex por un total de 390 millones de pesos:
- Contrato de 217 millones de pesos, vigente de 2013 a 2020, asignado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
- Contrato de 89.1 millones de pesos, de 2018 a 2020, también durante esa administración.
- Contrato de 30.9 millones de pesos, firmado en 2020 y concluido de manera anticipada en 2021, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
- Contrato de 52.9 millones de pesos planteado en 2020, que nunca se formalizó debido a irregularidades.
Funcionarios investigados
Además de los empresarios, tres exfuncionarios de Pemex son investigados por presuntos actos de corrupción:
- Roberto “P”, del área de Abasto en Exploración y Producción, acusado de recibir sobornos para liberar pagos anticipados o por servicios inexistentes.
- Juan “V”, del área de Mantenimiento y Construcción, señalado por otorgar contratos a cambio de sobornos.
- Erick “N”, de Exploración y Producción, investigado por alterar auditorías y favorecer a empresas.
Auditorías reabiertas
Buenrostro explicó que en su momento Pemex ya había abierto cinco auditorías, pero al detectarse posibles alteraciones en esas revisiones se retomarán de manera integral. El objetivo es fincar responsabilidades, sancionar a los responsables y recuperar recursos en caso de daño al erario.
