Este jueves, entra en vigor la primera ley de la Unión Europea destinada a combatir la violencia machista, estandarizando definiciones legales y estableciendo penas de cárcel para delitos como la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado.
La directiva, propuesta por la Comisión Europea en 2022 y negociada durante dos años, ahora obliga a todos los países miembros a incorporarla en su legislación nacional en un plazo de tres años.
Además de la penalización de prácticas específicas, como el ciberacoso y la difusión no autorizada de material íntimo, la ley identifica circunstancias agravantes, como delitos cometidos contra menores, dentro del ámbito familiar o matrimonial, o dirigidos a personas vulnerables como periodistas y defensoras de derechos humanos.
Aunque inicialmente se consideró tipificar la violación basada en la ausencia de consentimiento, esta propuesta encontró resistencia en países como Francia y Alemania, que argumentaron limitaciones jurídicas en los tratados de la UE. Sin embargo, la directiva requiere campañas de sensibilización sobre el delito de sexo no consentido, con el objetivo de modificar los patrones de comportamiento arraigados en las relaciones de poder.
La implementación de esta ley también pretende cerrar las lagunas en la aplicación del Convenio de Estambul, un marco legal internacional contra la violencia de género que entró en vigor en el bloque europeo en octubre de 2023.
La Comisión Europea celebró la entrada en vigor de estas normativas, destacando su enfoque en la ciberviolencia, un fenómeno que con frecuencia obliga a las mujeres a retirarse de la vida pública debido a su impacto dramático y expansión exponencial.
Helena Dalli, comisaria de Igualdad, subrayó que esta legislación representa un avance significativo hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ofreciendo una respuesta integral a un problema persistente.
