En un momento crucial para México en el contexto del nearshoring, las 60 principales empresas del país, representadas por el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), han expresado su preocupación por la aprobación de una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo.
En un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, instaron al gobierno a garantizar un ambiente de pleno Estado de derecho para las inversiones en el país.
Entre las empresas que forman parte del CEEG se encuentran nombres reconocidos como Cargill, Fedex, AT&T, Nestlé, GM, Siemens, HSBC, PepsiCo, Shell, Exxon Mobil, Visa, entre otros.
Estas empresas, que representan el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, han advertido sobre los posibles efectos negativos de esta reforma en el acceso de los ciudadanos a mecanismos legales para defenderse de violaciones a sus derechos humanos o actos inconstitucionales.
En su comunicado, las empresas señalan que México se encuentra en un momento propicio para atraer inversiones productivas, especialmente debido a la relocalización de cadenas productivas internacionales.
Sin embargo, consideran que la reforma a la Ley de Amparo debilitaría las estructuras legales necesarias para proteger los derechos de las empresas y, en consecuencia, podría afectar la capacidad del país para atraer nuevas inversiones y establecer un entorno propicio para el desarrollo empresarial.
El CEEG hace un llamado al presidente López Obrador para que analice detenidamente las implicaciones de esta reforma y considere las diversas opiniones vertidas por expertos y sectores de la sociedad.
Argumentan que contar con un sistema de justicia eficaz es fundamental para garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y generar confianza para las inversiones.
Las empresas también expresaron su preocupación por el impacto negativo que esta reforma podría tener en la impartición de justicia en México. En particular, señalan que las modificaciones propuestas podrían afectar los medios de defensa disponibles para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
En conclusión, el CEEG demanda un Estado de derecho sólido y eficaz que promueva la confianza, incentive la inversión y proteja los derechos fundamentales de las personas, las comunidades y las empresas en México.
