La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló tres leyes secundarias relacionadas con la reforma al poder judicial. Estas incluyen la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, los cuales reemplazarán al Consejo de la Judicatura Federal, marcando un cambio estructural en el sistema judicial.
Los dictámenes fueron aprobados con 18 votos a favor y 10 en contra, gracias al respaldo de Morena y sus aliados. Ahora serán enviados al pleno para su discusión y posible aprobación.
Posturas en el debate
La diputada Julieta Kristal Vences (Morena) defendió la reforma, señalando que el Poder Judicial servía a las élites y no al pueblo. Por el contrario, legisladores de oposición como Alejandro Domínguez (PRI) y Margarita Zavala (PAN) criticaron la medida, acusándola de buscar control político sobre los jueces.
Domínguez cuestionó las generalizaciones sobre corrupción en el Poder Judicial, mientras Zavala advirtió que estas reformas eliminan la autonomía de los jueces. Juan Ignacio Zavala (MC) calificó la reforma como un “disparate”, argumentando que aumenta la discrecionalidad del gobierno en turno.
Desde Morena, Hugo Eric Flores defendió la propuesta, asegurando que modelos similares funcionan en otros países y pueden ser efectivos en México.
Contenido de las leyes aprobadas
- Ley Orgánica del Poder Judicial: Reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal con el Órgano de Administración Judicial, que tendrá independencia técnica y administrativa. También crea el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar a los jueces por faltas administrativas.
- Ley de Carrera Judicial: Establece principios como independencia, profesionalismo y especialización para las personas que integran la carrera judicial. Además, se crea un registro único de servidores públicos del Poder Judicial.
- Ley de Responsabilidades Administrativas: Obliga a los jueces a actuar con austeridad, imparcialidad y eficiencia en el manejo de recursos públicos.
La aprobación de estas leyes ha generado un intenso debate en el Congreso, reflejando las diferencias entre la visión de control político y la defensa de la autonomía judicial.
