El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó este jueves la solicitud presentada por los legisladores Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna para cancelar el registro de 26 candidatos a jueces y magistrados que fueron señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada o por no cumplir con los requisitos académicos mínimos.
Durante la sesión del Consejo General, los consejeros señalaron que el INE no tiene atribuciones legales para cancelar candidaturas en el proceso de elección judicial. Recordaron que los perfiles fueron aprobados por comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales tenían la responsabilidad de verificar que los aspirantes cumplieran con todos los requisitos.
De los 26 candidatos señalados:
- 8 no acreditaron el promedio mínimo de 8 en la licenciatura.
- 18 han sido investigados por la FGR o vinculados al crimen organizado.
Uno de los casos mencionados fue el de Fernando Escamilla, quien habría sido abogado del líder criminal conocido como “Z-40”.
“Se nos pide hacer algo para lo que ni la ley ni la Constitución nos facultan”, advirtió el consejero Uuc-kib Espadas.
“No es responsabilidad del INE evaluar la idoneidad de estos perfiles”, añadió la consejera Dania Ravel.
La consejera Claudia Zavala criticó que no se hiciera una revisión adecuada desde el inicio y cuestionó el trabajo de los comités de selección.
El INE resolvió que no puede intervenir para cancelar las candidaturas, pero solicitó al Senado y a la Cámara de Diputados información oficial sobre los perfiles involucrados. Con ello, el instituto podría negar la constancia de elección si alguno de estos candidatos resulta ganador el próximo 1 de junio y se confirma que no cumplía con los requisitos legales.
