La presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte Suprema se forjó en la cercanía estratégica con un Presidente poderoso y respaldado por mayorías legislativas. El líder social impredecible, Andrés Manuel López Obrador, cuya influencia podía alterar el Poder Judicial a su antojo. Según Zaldívar, en aquellos días, no se trataba de defender contramayoritariamente la Constitución, sino de complacer al inquilino de Palacio Nacional, adoptando su lenguaje y respaldando sus causas.
Las revelaciones sugieren que la Corte de Zaldívar no solo guardaba asuntos en el cajón, sino que el exministro intervenía a petición del gobierno. López Obrador confiesa con desparpajo que la liberación de Emilio Lozoya y otros reveses judiciales no hubieran ocurrido en tiempos de Zaldívar. Esta revelación, la más escandalosa de un presidente, sugiere manipulación de la justicia a través del líder del Poder Judicial, una complicidad declarada para violar la Constitución.
Ante esta situación, se plantea la necesidad de iniciar un juicio político contra Zaldívar, un mecanismo constitucional para vincular consecuencias a conductas oficiales ilícitas y proteger la democracia y el Estado de derecho. Este proceso es esencial para esclarecer hechos pasados, corregir fallas estructurales del sistema político y disuadir comportamientos similares en el futuro. La rendición de cuentas es crucial para mantener la integridad institucional.
No se busca prejuzgar la responsabilidad de Zaldívar, pero las explicaciones deben ir más allá de expiaciones superficiales. El Congreso debe convocar a comparecer a implicados, testigos y víctimas en un procedimiento riguroso, garantizando igualdad de armas y cumplimiento de las formalidades legales. Es imperativo que el país conozca en qué casos el ministro presidente intervino por instrucciones del gobierno, desde renuncias forzadas hasta desafueros y judicializaciones selectivas.
El Presidente ha hecho una revelación sobre su injerencia en un poder de la República, y la representación popular debe velar por la rendición de cuentas. La democracia puede no asegurar gobiernos eficientes, pero sí permite asignar responsabilidades a quienes actúan incorrectamente. Por el bien de todos, Zaldívar debe enfrentar un juicio político.
