El exresponsable de la investigación del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, enfrenta críticas de la defensa legal de militares recientemente liberados. Según el abogado Alejandro Robledo, la acusación carece de pruebas sólidas que respalden la implicación de los soldados en la desaparición de los 43 normalistas.
El abogado de los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumenta que la investigación, reabierta en esta administración, se basa en un testimonio poco confiable y critica la comparación con Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), actualmente en prisión según el defensor.
Robledo destaca la disposición de los militares para colaborar con las autoridades y señala un proceso judicial desordenado, atribuyendo parte de la responsabilidad a Alejandro Encinas, también exsubsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
En relación con Murillo Karam, el abogado afirma que, aunque actualmente está protegido, confía en alcanzarlo eventualmente, insinuando que su inmunidad procesal no es perpetua. Robledo sugiere que la investigación busca fabricar culpables y critica la fiabilidad del testimonio de un testigo.
El proceso contra los militares, según Robledo, implica un cambio en la medida procesal, no una absolución. Afirma que ni los soldados ni el Ejército son responsables de la desaparición y alienta a Encinas a interrogar a los testigos protegidos sicarios.
Robledo destaca la entrega voluntaria de los acusados y exhorta al gobierno a demostrar su culpabilidad en los tribunales en lugar de hacerlo desde plataformas políticas. Sostiene que la “verdad histórica” sigue vigente, ya que en cinco años no se ha desmentido la participación de Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) busca una sentencia de 82 años contra Murillo Karam por su presunta participación en la desaparición, posponiendo la solicitud hasta abril a solicitud de la defensa. La acusación incluye delitos como desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura.
