La Fiscalía de Venezuela ha pedido órdenes de captura para 18 funcionarios argentinos, tras la reciente detención de tres altos cargos del país sudamericano, incluido el presidente Javier Milei. Así lo anunció el fiscal general, Tarek William Saab.
En una conferencia de prensa, Saab explicó que estas órdenes están relacionadas con un caso de “robo agravado”. Además de Milei, la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también enfrentan cargos.
Nuevas órdenes y alertas rojas
La Fiscalía ha solicitado 11 nuevas órdenes de captura y alertas rojas internacionales. Entre los nuevos acusados se encuentran los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Árias, quienes habían prohibido la salida del país a la tripulación de un avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires y enviado a Estados Unidos en febrero.
También se piden arrestos para los diputados Ricardo López, Yamil Santoro y Geraldo Milman, así como para el juez Federico Villenas y los fiscales Cecilia Incardona, Diego Iglesias y Franco Rinaldi. Estos funcionarios están acusados de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
Respuesta a la Justicia argentina
En respuesta a la orden de captura emitida por Argentina contra Nicolás Maduro, Saab anunció que se han presentado ocho solicitudes de arresto contra quienes están detrás de este “alineamiento internacional” que busca afectar al gobierno venezolano.
La Fiscalía está pidiendo “órdenes de aprehensión y alertas rojas” contra aquellos que “han usurpado funciones y abusado de su poder”. Esto incluye a Waldo Wolf, presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, así como a fiscales y jueces argentinos mencionados en el caso.
Bullrich, que ya enfrenta una orden de captura en Venezuela, fue incluida nuevamente por su papel en presionar a jueces y fiscales en la audiencia que buscaba el arresto de Nicolás Maduro. Saab calificó esta medida como “indigna y que no podrá ser ejecutada”.
Los nuevos cargos incluyen “usurpación de funciones, abuso de poder, conspiración y asociación para delinquir”.
