La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó una ley que establece penas de 25 a 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros (equivalentes a 1,055,680 dólares) para quienes promuevan o se involucren en sanciones extranjeras contra el gobierno o las instituciones del país.
La normativa, denominada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, también incluye la inhabilitación política por 60 años para los responsables de estos actos, impidiéndoles acceder a cargos públicos o de elección popular.
Restricciones adicionales
La ley establece que quienes inciten o participen en “acciones armadas, ataques cibernéticos o medidas de fuerza” contra Venezuela enfrentarán las mismas penas. Las sanciones económicas deberán pagarse en bolívares, utilizando el valor del euro como referencia debido a su cotización más alta frente al dólar.
Medios de comunicación que difundan contenido a favor de sanciones internacionales también serán sancionados. Las penalizaciones incluyen multas equivalentes a un millón de euros y, en algunos casos, la suspensión de su funcionamiento o salida del espectro radioeléctrico.
Justificación y medidas
El gobierno venezolano califica las sanciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, asegurando que el país ha enfrentado más de 900 medidas de este tipo en los últimos diez años, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.
La ley también contempla la creación de un registro nacional de personas bajo sospecha de apoyar estas acciones. Los inscritos en este registro podrían enfrentar el congelamiento de sus activos, la prohibición de realizar transacciones comerciales y, en el caso de extranjeros, su expulsión del país y la pérdida de propiedades en el territorio venezolano.
