- Un tribunal de Hong Kong condena a 45 activistas a penas de hasta 10 años de prisión por conspirar contra el gobierno.
- Benny Tai, uno de los principales acusados, recibe una sentencia por organizar primarias prodemocráticas en 2020.
- La ley de seguridad nacional, impuesta por Pekín, ha provocado críticas por restringir la libertad de expresión y la disidencia política en la región.
Un tribunal de Hong Kong sentenció a 45 activistas prodemocracia el 19 de noviembre de 2024, imponiéndoles penas de entre 4 y 10 años de prisión. Los acusaron de conspiración para subvertir el poder del Estado debido a su participación en unas primarias no oficiales en 2020, que buscaban asegurar una mayoría en el Consejo Legislativo. Este juicio se ha convertido en el más grande bajo la Ley de Seguridad Nacional, una norma impuesta por Pekín tras las manifestaciones prodemocracia de 2019.
Benny Tai, un exprofesor de derecho de 60 años, recibió la pena más severa: diez años de prisión. Tai organizó las primarias, consideradas subversivas por las autoridades, que supuestamente intentaban desestabilizar el gobierno de Hong Kong y forzar la dimisión de la jefa ejecutiva, Carrie Lam. Otros activistas como Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung también recibieron penas largas, mientras que los que colaboraron con la acusación enfrentaron sentencias de entre seis y siete años.
Las condenas reflejan el alcance de la ley de seguridad nacional
El tribunal consideró que las primarias formaban parte de un plan para paralizar el gobierno local. Según la interpretación judicial, los acusados habrían utilizado su posición en el Consejo Legislativo para bloquear proyectos de ley y crear una crisis institucional. La Ley de Seguridad Nacional, ampliamente criticada, permite perseguir estos actos bajo cargos de subversión y sabotaje contra el gobierno.
Estos juicios representan un esfuerzo por parte de las autoridades de Hong Kong y Pekín para frenar la disidencia. La Ley de Seguridad Nacional, que se considera una herramienta para eliminar la oposición, ha puesto en riesgo la libertad de expresión y los derechos civiles en la región. La severidad de las penas y las estrictas condiciones para obtener libertad anticipada aumentan las probabilidades de que estos activistas pasen muchos años en prisión.
