Donald Trump enfrenta dificultades financieras para pagar la fianza completa mientras apela la sentencia de 454.2 millones de dólares impuesta por el juez Arthur Engoron en el caso de fraude civil en Nueva York. La sentencia, emitida el 16 de febrero, incluye una prohibición de tres años para que Trump ocupe cargos ejecutivos en empresas neoyorquinas y realice transacciones de préstamos con bancos registrados en el estado.
Los abogados de Trump presentaron una solicitud ante la División de Apelaciones, argumentando que la multa y la prohibición son “exorbitantes y punitivas” y que pagar la fianza completa sería imposible. Proponen dejar una fianza de 100 millones de dólares, respaldada por las propiedades inmobiliarias de Trump y la supervisión de un monitor designado por el tribunal para la Organización Trump.
Además, los abogados solicitan la suspensión temporal de la ejecución de la sentencia durante la apelación, alegando que forzar la venta de los activos inmobiliarios de Trump causaría un “daño irreparable”.
Este caso surge a partir de las acusaciones de la fiscal general del estado, Letitia James, que señala al expresidente y a su empresa familiar por inflar el valor de propiedades para obtener mejores condiciones en préstamos y seguros. La situación legal de Trump continúa siendo objeto de atención mediática mientras busca resolver las implicaciones de esta sentencia millonaria.
