- Tapachula se convierte en la ciudad más insegura de México, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
- La percepción de inseguridad afecta al 91.9% de sus habitantes, con un aumento notable en la violencia y el crimen.
- Activistas alertan sobre la falta de protección y el incremento de delitos vinculados a la migración y el narcotráfico.
La ciudad de Tapachula, ubicada en la frontera sur de México, enfrenta una creciente percepción de inseguridad y se identifica como la más peligrosa del país. Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un 91.9% de sus residentes considera que vivir allí es inseguro. Esta alarmante cifra refleja la violencia generada por el crimen organizado, que lucha por controlar las rutas de tráfico de drogas y personas.
Roberto Alejandro García, un representante del sector empresarial local, destacó que la violencia ha escalado a niveles insoportables. “La situación es crítica, ya que los asesinatos ocurren incluso en el centro de la ciudad,” comentó, refiriéndose a la creciente presencia de delitos violentos. A su juicio, la ineficacia de las autoridades para garantizar la seguridad es evidente, ya que se mantiene la misma cantidad de elementos de seguridad en las calles desde hace 20 años.
Creciente preocupación por la inseguridad en Tapachula
Además de la violencia, Tapachula experimenta un alto flujo de migrantes, concentrando el 60% de la migración irregular en el país. El alcalde de la ciudad, Yamil Melgar Bravo, confirmó que la migración ha aumentado en un 193% en la primera mitad del año, lo que agrava la situación de seguridad. El activista Teodoro Vázquez Castillo advirtió que la combinación de la migración y la actividad del crimen organizado ha creado un ambiente de temor entre los ciudadanos, que sienten que no hay una autoridad efectiva que controle la situación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó las afirmaciones sobre un ambiente de “guerra” en Chiapas, asegurando que el gobierno trabaja para mejorar la seguridad en la región. Sin embargo, activistas como Luis Rey García Villagrán señalan que la realidad es una crisis de inseguridad y violaciones a los derechos humanos, con un aumento en delitos como robos y extorsiones. La población fluctuante de migrantes en la región agrava el problema debido a la falta de confianza en la policía, mientras que los refugios migratorios temen convertirse en blanco del crimen organizado.
