El Gobierno de Ecuador ha decidido suspender temporalmente la toma de muestras genéticas a presos, en respuesta a las críticas surgidas.
Según se documenta, el proceso de hisopado bucal estaba siendo llevado a cabo bajo presión por parte de militares que controlan las cárceles, sin una adecuada notificación a los reclusos. Además, se les instaba a no consultar con sus abogados y se les ocultaba su derecho legal a negarse a la toma de muestras.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), entidad gubernamental encargada de las cárceles, confirmó a través de un comunicado en redes sociales que se había iniciado un censo penitenciario el 21 de febrero, durante el cual se recolectaban perfiles genéticos de los presos con el fin de crear una base de datos para fines forenses y humanitarios. No obstante, se subrayó que esto se hacía solo con el consentimiento informado de las personas privadas de libertad.
La suspensión de la toma de muestras genéticas se aplicó en la cárcel de Riobamba y de Cotopaxi, y posteriormente en la Penitenciaría del Litoral, donde se registraron motines y masacres previas. A pesar de que se continuaba con el proceso de registro, no se estaban tomando las pruebas genéticas debido a la suspensión temporal, sin que se haya especificado cuándo se reanudarán.
Si bien estas muestras podrían ser útiles para identificar a los internos en casos de emergencia o suplantación de identidad, también podrían ser utilizadas en su contra en casos delictivos pasados o futuros. La ley de protección de datos en Ecuador ampara a los ciudadanos para conocer y acceder a sus datos genéticos, así como especificar el uso que se dará a ellos.
El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil ha anunciado que solicitará información al Gobierno sobre este procedimiento, con el fin de auditar el proceso y verificar el cumplimiento de los protocolos de consentimiento y privacidad.
