- La presidenta cuestionó el uso del delito de terrorismo contra un comunicador
- Defendió la libertad de expresión como principio irrenunciable del Gobierno federal
- Pidió a la Fiscalía de Veracruz transparencia y claridad sobre la detención
Postura presidencial sobre el caso
Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General del Estado de Veracruz debe explicar públicamente por qué imputó el delito de terrorismo al periodista Rafael León Segovia, detenido desde el pasado 24 de diciembre.
La mandataria afirmó que desconoce los motivos jurídicos de dicha acusación y subrayó que se trata de un tipo penal que no tiene precedentes en México aplicado a periodistas, lo que obliga a una aclaración puntual por parte de la autoridad estatal.
Defensa de la libertad de expresión
Sheinbaum fue enfática al reiterar que la libertad de expresión está por encima de todo y que el ejercicio periodístico no debe ser criminalizado. Señaló que, si existiera algún delito comprobado que no esté relacionado con la labor informativa del comunicador, la Fiscalía tiene la obligación de explicarlo con total transparencia.
“No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo… tiene que explicarlo”, expresó la presidenta al referirse al caso, al tiempo que recordó que el periodismo es un pilar de la vida democrática del país.
Detención y cargos imputados
Rafael León Segovia, conocido en el medio como Latifa León, fue detenido en Veracruz durante un operativo de la Policía Ministerial. El Ministerio Público le imputó tres delitos:
- Terrorismo
- Encubrimiento por favorecimiento
- Delitos contra las instituciones de seguridad pública
Tras la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas, por lo que será este martes cuando un juez determine su situación jurídica. Debido a la imputación por terrorismo, el periodista permanece en prisión preventiva oficiosa.
Reacciones y preocupación del gremio
El caso generó preocupación entre periodistas y organizaciones civiles, que advirtieron sobre un posible precedente negativo para la libertad de prensa. Diversas agrupaciones señalaron que la investigación estaría vinculada al trabajo del comunicador en la cobertura de temas de seguridad, una práctica habitual del ejercicio periodístico.
Organismos defensores de derechos humanos recordaron que la protección de las fuentes informativas es un derecho fundamental, reconocido a nivel nacional e internacional, y que recibir información de distintas fuentes no constituye un delito.
Llamado a la transparencia
La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la Fiscalía de Veracruz rendir cuentas y aclarar las razones legales de la acusación, para evitar cualquier señalamiento de persecución o criminalización del periodismo.
