• Fue detenida en 2006 y sentenciada con base en una confesión obtenida bajo tortura en el caso Wallace
• La SCJN anuló esa confesión y declaró inválidas todas las pruebas derivadas
• El fallo puede beneficiar a otros acusados en el mismo proceso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata y absoluta de Juana Hilda González Lomelí, luego de permanecer 19 años y 5 meses en prisión por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.
La decisión fue tomada por la Primera Sala de la Corte, con una mayoría de cuatro votos. El proyecto, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concluyó que la confesión de Juana Hilda fue obtenida mediante amenazas, intimidaciones y tortura psicológica mientras se encontraba bajo arraigo. Por ello, se determinó que dicha confesión no era válida.
La SCJN también anuló todas las pruebas que se derivaron de esa confesión, por haber sido obtenidas en violación a derechos humanos. Una vez excluidas esas pruebas, el resto de los elementos presentados por el Ministerio Público fueron considerados insuficientes para comprobar su responsabilidad penal.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que asumió su defensa, destacó que esta resolución fortalece el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales. También subrayó que, sin importar la gravedad del delito, el sistema de justicia debe garantizar juicios justos y excluir pruebas obtenidas por medios ilegales.
El fallo también podría beneficiar a otras personas acusadas en el mismo caso: César F., Albert, Tony C., Brenda Q. y Jacobo T., quienes continúan procesados o tienen juicios de amparo pendientes. En todos estos casos, la acusación se basa en las mismas pruebas que ahora han sido declaradas inválidas.

Juana Hilda fue detenida el 10 de enero de 2006 con una orden de localización y presentación. Estuvo bajo arraigo hasta el 6 de abril de ese año, y su confesión fue obtenida el 8 de febrero, en medio de ese periodo. Esa declaración fue utilizada como principal prueba en su contra. En 2008, fue sentenciada a 78 años y 9 meses de prisión por el entonces Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había emitido una recomendación a favor de Juana Hilda y de otros coprocesados, reconociendo que durante su detención y proceso judicial se cometieron graves violaciones a sus derechos humanos.
Juana Hilda González Lomelí es originaria de Guadalajara, Jalisco, y es madre de dos hijas.




