- La SCJN dejó firme la obligación de pago por adeudos fiscales acumulados desde 2008
- Las empresas podrán solicitar ajustes conforme al Código Fiscal, hasta por 39%
- Sheinbaum subraya que es un proceso legal y que los recursos se destinarían a programas sociales
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitirá en enero de 2026 el requerimiento formal de pago por 51 mil millones de pesos a empresas de Grupo Salinas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara los últimos recursos legales y dejara firme la obligación de cubrir los adeudos fiscales.
Resolución judicial y notificación de pago
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que, una vez notificada la resolución de la Corte, la autoridad fiscal procederá conforme al Código Fiscal de la Federación para requerir el pago correspondiente. A partir de la notificación, iniciará el periodo para el pago voluntario por parte de las empresas involucradas.
Detalló que las resoluciones judiciales concluyeron el litigio y confirmaron la validez de los créditos fiscales determinados por la autoridad hacendaria.
Origen de los adeudos fiscales
Martínez Dagnino señaló que los adeudos se originaron a partir de resoluciones administrativas emitidas entre 2013 y 2018, cuando el SAT determinó que diversas empresas aplicaron de manera improcedente pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta correspondiente a los ejercicios de 2008 a 2013.
Posteriormente, entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la procedencia de los créditos fiscales. Más adelante, en 2024 y 2025, tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación negaron los amparos promovidos por las empresas, hasta que la SCJN desechó las últimas impugnaciones, dejando firme la obligación de pago.
Posibilidad de ajustes conforme a la ley
El titular del SAT precisó que, conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales, los contribuyentes podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39%, dependiendo del orden y el esquema de pago que elijan.
Subrayó que el procedimiento se apega al artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución, que establece la obligación de todas las personas y empresas de contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos.
Sheinbaum: asunto legal, no político
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso es estrictamente legal, jurídico y administrativo, y rechazó que se trate de un tema político. Señaló que el gobierno federal se limita a aplicar lo que establece la ley tras la resolución definitiva de la Suprema Corte.
Indicó que, una vez notificado el requerimiento en enero, las empresas tendrán derecho a solicitar los beneficios que marca el Código Fiscal, y expresó su expectativa de que el adeudo sea cubierto conforme al marco legal.
Uso social de los recursos, en caso de pago
Sheinbaum añadió que, en caso de que el pago se concrete, los recursos podrían destinarse a fortalecer y ampliar programas sociales, como pensiones y becas, al tratarse de ingresos públicos que se utilizarían en beneficio de la población.
La mandataria adelantó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y al SAT mantener informada a la ciudadanía sobre el avance del proceso una vez que se emita la notificación formal en enero de 2026.
Asimismo, señaló que la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno han dado seguimiento al caso como parte de sus funciones institucionales, con el objetivo de garantizar transparencia y cumplimiento de la ley.
