- Valentina Gilabert se encuentra en recuperación luego de sufrir una brutal agresión el 5 de febrero.
- La joven está despertando del coma inducido, pero enfrenta altos niveles de ansiedad debido al trauma.
- Marianne “N” fue vinculada a proceso tras la acusación de apuñalar a Valentina en múltiples ocasiones.
El martes 11 de febrero, Marianne “N”, una influencer, fue vinculada a proceso por el ataque a Valentina Gilabert, una joven que sigue luchando por su vida tras ser apuñalada el 5 de febrero en la Ciudad de México. El agresor, según las investigaciones, habría atacado a Valentina al menos 14 veces, presuntamente motivada por celos relacionados con la relación de la víctima con el padre de la hija de la acusada.
En cuanto al estado de salud de la víctima, Valentina permanece hospitalizada, luchando por su vida. Su familia ha informado que la joven está comenzando a despertar, aunque su estado emocional es delicado. Durante una conferencia de prensa, su madre explicó que Valentina, al estar disminuyendo gradualmente la sedación, muestra signos de ansiedad, un reflejo del trauma sufrido. La madre mencionó que, a pesar de los esfuerzos para ayudarla, la joven tiene momentos en los que abre los ojos y reconoce la presencia de sus seres queridos.
El proceso judicial contra Marianne “N” continúa avanzando mientras las autoridades siguen recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen. En cuanto a las repercusiones legales, la acusada podría enfrentar una condena de varios años en prisión si se comprueba su culpabilidad.
Aspectos legales del caso
Marianne “N”, quien es menor de edad, podría enfrentar medidas legales bajo el marco de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta legislación establece que los adolescentes entre 12 y 17 años que cometen delitos graves deben someterse a un proceso de reintegración social, en lugar de recibir penas punitivas equiparables a las de adultos.
El internamiento en instituciones especializadas es considerado una medida excepcional, con un máximo de cinco años de privación de libertad para quienes tienen entre 14 y 17 años y cometen delitos graves como homicidio o secuestro. Para los menores de entre 12 y 14 años, la privación de libertad no puede exceder los tres años. La ley también destaca la importancia de ofrecer una educación y orientación adecuada para la reintegración de los adolescentes infractores.
