- El juez determinó no proceder con el enjuiciamiento de siete empresarios y exfuncionarios del Estado de México, entre ellos José Andrés de Oteyza Fernández y Ernesto Javier Nemer Álvarez, por falta de fundamentos en el caso del Viaducto Bicentenario.
- Asimismo, desestimó la causa penal por asociación delictiva, usurpación de funciones y explotación de un bien nacional iniciada por la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta un revés legal tras el dictamen del juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien optó por no llevar a cabo el proceso contra siete individuos, incluyendo empresarios y exfuncionarios del Estado de México, en relación con el caso del Viaducto Bicentenario.
Durante una audiencia de imputación, el juez rechazó la causa penal presentada por la FGR, argumentando la insuficiencia de pruebas para sustentar los cargos de asociación delictiva, usurpación de funciones y explotación de un bien nacional.
La FGR mostró su descontento con la decisión del juez, acusándolo de emitir un juicio prematuro sobre el caso antes de considerar las pruebas y argumentos presentados por ambas partes. En la misma audiencia, se anunció la recusación del juez debido a un presunto conflicto de intereses, y se dará inicio a un juicio en su contra por esta razón.
Según la Fiscalía, el gobierno del Estado de México concedió de manera ilegal una licencia a la empresa Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., para la explotación de una vía federal, sin contar con la debida autorización de las autoridades federales correspondientes. Se alega que esta concesión resultó en el desvío de fondos públicos y la explotación indebida de un bien nacional, sin beneficio para el gobierno federal.
Se advierte que se tomarán todas las medidas legales disponibles para impugnar esta decisión judicial y proteger los intereses del Estado.
