En una iniciativa de transformación constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una propuesta que coloca en el centro de la atención a las comunidades indígenas y afromexicanas, reconociéndolas como sujetos de derecho. Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), detalló la esencia de esta reforma durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional el 21 de febrero de 2024.
Regino Montes afirmó que el reconocimiento a estas comunidades como sujetos de derecho es el eje fundamental de la iniciativa, subrayando que esta propuesta refleja los resultados de procesos de diálogo y consulta llevados a cabo de 2019 a 2021. Destacó la importancia de incluir la voz de las autoridades indígenas y representantes en el proceso, afirmando que “ahí está contenida la palabra de los pueblos”.
En México, donde existen 70 pueblos indígenas que hablan 68 lenguas con 64 variantes, junto al pueblo afromexicano, la propuesta busca reconocer al país como una nación pluricultural y multiétnica. La piedra angular de la reforma consiste en otorgar a estas comunidades el estatus de sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Principales Puntos de la Iniciativa de Reforma:
- Nombrar y elegir a sus autoridades en Asambleas.
- Conferir pleno valor jurídico a sus actos y decisiones.
- Realizar obras, acciones y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario.
- Recibir y administrar recursos públicos de manera directa.
- Defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades.
Regino enfatizó que esto implica que las comunidades tendrán la capacidad de ejercer sus derechos y tomar decisiones en sus asambleas, las cuales deberán ser respetadas por el gobierno y la sociedad.
Además, detalló las áreas que se reforzarán para llevar a cabo el ejercicio de la libre determinación y autonomía, incluyendo formas de gobierno, patrimonio cultural, lenguas indígenas, propiedad intelectual colectiva, medicina tradicional, reconocimiento de hábitat y bioculturalidad, desarrollo integral, y la base constitucional para la consulta previa, libre e informada.
Por último, se destacaron las obligaciones para el Estado establecidas en la propuesta, como impulsar el desarrollo comunitario y regional, asignar presupuesto administrado por las propias comunidades, proporcionar servicios de salud adecuados a la cultura y lengua, garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, y construir y ampliar vías de comunicación, con énfasis en la construcción de caminos artesanales.
