- Propuesta legislativa busca endurecer las sanciones hasta 28 años de cárcel.
- Actualmente, la pena máxima es de 20 años; la nueva ley pretende superar a las de otros países de la región.
- El número de casos denunciados se mantiene alarmantemente alto a pesar de reformas anteriores.
En 2023, Paraguay reportó 3.552 denuncias de abuso sexual infantil, equivalentes a aproximadamente 10 casos diarios. Con el objetivo de endurecer las sanciones por estos delitos, el país está considerando una reforma que podría aumentar las penas hasta 28 años de prisión. Esta propuesta ya ha pasado por el Senado y está en discusión en la Cámara de Diputados, según informó el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez.
Gutiérrez calificó el abuso sexual infantil como una “pandemia” que exige una respuesta más firme a nivel legislativo. La propuesta de ley busca reemplazar el Código Penal de 1997, que imponía penas menores, con sanciones más estrictas. A pesar de las reformas en 2008 y 2017, el problema sigue siendo grave, con un alto número de denuncias sin una disminución significativa.
Penas para los niveles de abuso
La nueva legislación pretende elevar las penas para todos los niveles de abuso, situando el abuso sexual infantil como el segundo delito con penas más severas en Paraguay, después del homicidio doloso. Aunque inicialmente se consideró equiparar estas penas con las del homicidio, se optó por una pena de hasta 28 años para mantener la proporcionalidad. Gutiérrez enfatizó que, aunque el aumento de penas es crucial, la prevención y la educación también juegan un papel esencial en la lucha contra este delito.
Actualmente, la pena máxima para el abuso sexual infantil en Paraguay es de 20 años. El proyecto de ley también propone aumentar las penas para los casos menos graves de entre 4 y 12 años a un rango de 5 a 15 años. Gutiérrez destacó que, si se aprueba, Paraguay podría tener una de las penas más severas en la región, comparables con las sanciones en México y Perú, que establecen penas de hasta 30 años y cadena perpetua, respectivamente. En 2022, el país reportó 3.794 casos de abuso sexual infantil, y se estima que en 2024 se podrían registrar alrededor de 3.100 denuncias.
