- Dueños de viviendas con valor superior a 4.5 millones de pesos deberán presentar un informe ante la Secretaría de Finanzas.
- La medida busca actualizar el padrón catastral, pero podría derivar en un incremento del impuesto predial.
- Las reglas para cumplir con la obligación aún no han sido definidas, pero su incumplimiento podría generar multas.
El 27 de diciembre de 2024, la Ciudad de México implementó una reforma al Código Fiscal, imponiendo nuevas responsabilidades a los propietarios de viviendas valuadas en más de 4 millones 524,974 pesos. Esta medida ha generado inquietud entre los ciudadanos, pues algunos la consideran un riesgo para la propiedad privada.
Nueva obligación para los propietarios
La reforma establece que los dueños de inmuebles de uso habitacional que superen el valor señalado deberán presentar un informe ante la Secretaría de Finanzas, en el que detallen la situación y ocupación de la propiedad.
Aunque la reforma ya está en vigor, todavía no se han publicado las reglas que explicarán cómo y cuándo se debe presentar esta información, lo que genera incertidumbre entre los contribuyentes.
Posible impacto en los impuestos
Expertos en derecho fiscal advierten que esta medida podría derivar en un incremento del impuesto predial, ya que permite a las autoridades ajustar el valor catastral de los inmuebles.
Según un análisis del despacho jurídico Hogan Lovells, esta reforma podría ser utilizada para reclasificar propiedades en categorías más altas, aumentando así el monto que los propietarios deben pagar en impuestos.
Multas por no cumplir con la declaración
A pesar de la falta de claridad en los lineamientos, el Código Fiscal de la Ciudad de México ya contempla sanciones para quienes no cumplan con esta nueva obligación. Las multas oscilan entre 4,272 y 10,821 pesos, dependiendo de cada caso.
Hasta que las autoridades emitan reglas específicas, no hay información oficial sobre cómo y en qué plazo se debe presentar el informe, lo que deja a los propietarios en incertidumbre.
Críticas y preocupaciones sobre la reforma
La medida ha sido fuertemente criticada por algunos sectores políticos. Diego Garrido, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), considera que esta reforma vulnera la privacidad y el derecho a la propiedad, ya que obliga a los ciudadanos a proporcionar información sensible al gobierno.
“El gobierno no tiene derecho a exigir estos datos sobre propiedades privadas. Esto representa un riesgo para la seguridad de las familias y podría ser utilizado con fines políticos”, expresó en sus redes sociales.
Garrido también advirtió que, en algunos casos, el gobierno podría utilizar la información sobre viviendas desocupadas para justificar políticas de vivienda social, generando preocupación entre los propietarios.
