La Consejería Jurídica de la Presidencia ha presentado una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instándola a declarar constitucional el decreto que extingue los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) financiados con recursos públicos.
En un comunicado, la Consejería Jurídica de la Presidencia destaca que los salarios y prestaciones para los miembros del Poder Judicial de la Federación están claramente definidos en el artículo 123, apartado B de la Constitución y otras normativas laborales aplicables. Además, resalta que no existe disposición constitucional que respalde el otorgamiento de prestaciones extraordinarias fuera de lo estipulado por la ley, y los fideicomisos no son instrumentos para otorgar tales beneficios a los servidores públicos.
La Consejería subraya que el decreto impugnado garantiza que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen serán atendidas con recursos de los propios fideicomisos, según lo establece el artículo tercero transitorio de dicho decreto, asegurando así los derechos y obligaciones pertinentes.
Se enfatiza que la SCJN debe actuar de manera imparcial y respetando el principio de división de poderes, privilegiando el análisis de la constitucionalidad de las normas por encima de formalismos procedimentales. Además, se destaca que el Poder Legislativo contó con la participación de todas las fuerzas políticas, cumpliendo con el artículo 72 constitucional.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal argumenta que las partidas específicas para el seguro de vida, gastos médicos, separación individualizada y prestaciones de retiro están autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, asegurando las percepciones y prestaciones laborales correspondientes al personal del Poder Judicial de la Federación.
En cuanto a la independencia judicial, se argumenta que la extinción de los fideicomisos no la afecta, a menos que se considere que esta independencia tiene un precio garantizado por la retención de recursos públicos de los fideicomisos, en detrimento de los habitantes del país que contribuyen al gasto público.
En conclusión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal insta a la SCJN a declarar la constitucionalidad del decreto de extinción de fideicomisos y a tomar medidas en consecuencia, cumpliendo así el compromiso de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, de destinar los recursos de los fideicomisos a la reconstrucción de Acapulco tras los daños causados por el huracán Otis.
