En la Ciudad de México, el 17 de enero de 2024, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Montserrat Arcos, ha presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del dirigente priista, Alejandro Moreno, conocido como Alito, y del secretario de Finanzas y Administración del partido, Hugo Eduardo Gutiérrez, por presunta violencia política en razón de género.
Arcos Velázquez sostiene que Gutiérrez Arroyo le solicitó el 50 por ciento de los recursos asignados al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI). Ante su negativa, alega que comenzaron las amenazas e intimidaciones respecto a las posibles consecuencias si no cumplía con la instrucción del dirigente Moreno Cárdenas.
La diputada enfatizó que este caso involucra prácticas de corrupción y malversación de fondos, lo cual resultó en una serie de actos de violencia política en su contra y en detrimento de las mujeres, quienes, según Arcos Velázquez, se vieron afectadas en su capacitación debido a estas circunstancias durante su mandato.
La legisladora aseguró que, a pesar de la presentación de la queja correspondiente ante la Comisión de Justicia Partidaria, su partido le ha negado el acceso a la justicia. Afirmó su compromiso con el PRI, aunque destacó la urgencia de erradicar la simulación en el empoderamiento político de las mujeres en México.
Por su parte, la actual presidenta del ONMPRI, Xitlalic Ceja, desmintió las acusaciones y señaló que las mujeres del organismo están enfocadas en trabajar constructivamente. Ceja García expresó sorpresa por la convocatoria a una conferencia de prensa por parte de Montserrat Arcos a través del grupo parlamentario de Morena, insinuando dudas sobre las intenciones de la legisladora.
Xitlalic Ceja negó categóricamente las declaraciones de Arcos Velázquez y resaltó que, desde hace dos años, Montserrat Arcos no ostenta la dirección del ONMPRI. La presidenta del organismo exhortó a la diputada a reflexionar sobre sus expresiones y a evitar utilizar el chantaje y la victimización infundada como herramientas para acceder a cargos públicos.
