• Fueron condenados a 25 años de prisión tras un proceso con graves fallas legales
• La ONU determinó que su detención violó derechos humanos
• Se solicita su liberación, compensación e investigación a responsables
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de México liberar de forma inmediata a cinco indígenas tseltales que fueron detenidos y sentenciados en Chiapas, al considerar que su arresto y juicio violaron normas internacionales de derechos humanos.
Los afectados son Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco. Todos fueron arrestados entre mayo y junio de 2022, señalados por el homicidio de un hombre en el municipio de San Juan Cancuc. La víctima había sido retenida por pobladores que exigían un pago para permitirle el paso; al no pagarlo, fue golpeada y falleció después.
El 17 de mayo de 2023, un juez los sentenció a 25 años de prisión. Aunque se solicitó la repetición del juicio, el 19 de abril de 2024 se les dictó nuevamente la misma condena.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria revisó el caso y detectó serias irregularidades, como:
- La falta de presentación inmediata ante un juez.
- La desaparición forzada de algunos detenidos durante las primeras horas del arresto.
Estas omisiones, señala la ONU, violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por ello, la ONU solicita al gobierno mexicano:
- Liberar de inmediato a los cinco indígenas.
- Otorgarles una compensación económica y otras formas de reparación.
- Investigar los hechos y sancionar a los responsables de estas violaciones.
Los cinco hombres habían participado en actividades de defensa del territorio en su comunidad. Manuel Santiz Cruz, uno de ellos, encabezaba un comité local que se oponía a la construcción de una carretera entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, así como a la presencia de fuerzas militares en la zona.
El Grupo de Trabajo de la ONU está presidido por la jurista ucraniana Ganna Yudkivska y conformado por especialistas de Nueva Zelanda, Ecuador y Zambia.
