- La reforma constitucional de Nicaragua extiende el mandato presidencial y elimina restricciones como la prohibición de censura.
- Eleva a Rosario Murillo al cargo de “copresidenta” y permite suspender derechos fundamentales en estados de emergencia.
- Expertos llaman a la comunidad internacional a exigir el restablecimiento de la separación de poderes.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la reciente enmienda constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Según los especialistas, esta medida otorga al presidente Daniel Ortega y su Gobierno “un poder prácticamente ilimitado sobre la población”.
Entre los cambios destacados, la reforma amplía el mandato presidencial a seis años, establece a Rosario Murillo como “copresidenta”, elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa y permite la suspensión de derechos fundamentales durante estados de emergencia. Además, autoriza la participación del ejército en tareas policiales internas si el Gobierno lo requiere.
Democracia en riesgo
El jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, señaló que la enmienda busca consolidar un control absoluto, eliminando la separación de poderes en el país. En respuesta, el grupo llamó a la comunidad internacional a presionar al Gobierno nicaragüense para restaurar los principios democráticos y cumplir con las obligaciones internacionales.
Antecedentes de represión
Los expertos también recordaron las violaciones de derechos humanos documentadas en Nicaragua, como asesinatos y torturas contra líderes estudiantiles durante las protestas de 2018, que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. Este contexto refuerza las preocupaciones sobre las implicaciones de la enmienda para los derechos y libertades de la población.
