- Alfonso Ramírez Cuéllar presentó dos iniciativas para combatir el huachicol fiscal y la facturación falsa.
- Una propuesta plantea nuevas sanciones por discrepancias en los volúmenes de combustible y por la venta ilegal de hidrocarburos.
- La segunda busca detectar empresas factureras, reforzar la vigilancia de proveedores del gobierno y establecer responsabilidades por operaciones simuladas.
Proponen mayor control sobre la venta de combustibles
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó dos iniciativas para fortalecer el combate al huachicol fiscal, la evasión y la facturación falsa.
Las propuestas forman parte del paquete anticorrupción que prepara el gobierno de Claudia Sheinbaum, con modificaciones a distintas leyes para mejorar la vigilancia de los recursos públicos y la transparencia en las contrataciones.
Una de las iniciativas plantea que las autoridades hacendarias y energéticas intercambien información en un plazo máximo de 24 horas cuando detecten posibles irregularidades en los volúmenes de combustible que compran y venden las gasolineras.
Nuevas sanciones por discrepancias volumétricas
El proyecto propone crear nuevos delitos para sancionar a los distribuidores que registren una discrepancia volumétrica no justificada, aunque el combustible todavía no haya sido vendido al consumidor.
La sanción propuesta sería de seis a 12 años de prisión y una multa de 10 mil a 15 mil UMAs, equivalente aproximadamente a entre 1.1 y 1.7 millones de pesos.
También se plantea castigar la venta de hidrocarburos en calles, carreteras, terrenos baldíos y otros sitios no autorizados cuando no pueda acreditarse su procedencia legal.
En este caso, la pena sería de seis a 10 años de prisión y multas de 6 mil a 10 mil UMAs. Las sanciones aumentarían cuando se utilicen vehículos, contenedores o bidones, o cuando la venta ocurra a menos de 500 metros de instalaciones de Pemex.
La propuesta establece además un plazo de 48 horas para que un juez determine sobre el aseguramiento de bienes relacionados con el robo de hidrocarburos.
Buscan frenar a empresas que emiten facturas falsas
La segunda iniciativa tiene como objetivo prevenir la facturación falsa y las operaciones simuladas antes de que ocasionen daños al erario.
Ramírez Cuéllar propone que la autoridad fiscal pueda restringir temporalmente la emisión de comprobantes a empresas que presenten señales de riesgo, como facturar por montos que superen su capacidad económica o incumplir obligaciones fiscales durante los últimos tres ejercicios.
El proyecto también plantea verificar de manera permanente que los proveedores del gobierno tengan capacidad real para cumplir sus contratos y que sus actividades correspondan con su objeto social.
Con ello se busca impedir que empresas con irregularidades continúen recibiendo recursos públicos.
También plantean vigilar a funcionarios y sindicatos
La iniciativa contempla responsabilidades para servidores públicos y dirigentes sindicales que autoricen gastos respaldados por comprobantes relacionados con operaciones inexistentes o simuladas.
También propone fortalecer las obligaciones de transparencia de los sindicatos sobre ingresos, cuotas, aportaciones, donativos y gastos.
Las medidas alcanzarían a estados, municipios, organismos públicos y otros entes que realicen operaciones sustentadas en comprobantes fiscales sin respaldo real.
Ramírez Cuéllar pide cerrar espacios a la evasión
El legislador sostuvo que el huachicol fiscal y la facturación falsa forman parte de redes que afectan las finanzas públicas y reducen la capacidad del Estado para financiar servicios e inversión.
Afirmó que las propuestas no buscan aumentar impuestos a quienes cumplen, sino mejorar la recaudación mediante el combate a la evasión, elusión, contrabando y simulación de operaciones.
Ramírez Cuéllar señaló que una estrategia preventiva permitiría detectar empresas y operaciones irregulares antes de que generen pérdidas para el erario.
También destacó la importancia de compartir información fiscal, energética, financiera y penal para acelerar las investigaciones y fortalecer la recuperación de recursos públicos.
