Operación policial: Jair Bolsonaro y aliados.

En una operación policial llevada a cabo este jueves, la Policía Federal de Brasil señaló al expresidente Jair Bolsonaro, así como a varios de sus cercanos aliados, incluyendo exministros y militares de alto rango, por su presunta participación en un intento de golpe de Estado destinado a mantener en el poder al líder ultraderechista después de las elecciones de 2022.

El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó al exmandatario entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas y le prohibió cualquier tipo de contacto con otros sujetos bajo investigación, como parte de esta operación policial que se llevó a cabo en una decena de estados.

Según un comunicado de la Policía Federal, la investigación tiene como objetivo determinar si los individuos investigados formaron parte de una “organización criminal” que intentó llevar a cabo un golpe de Estado para mantener al entonces presidente de la República en el poder y evitar subsista el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2023.

Durante la operación, los agentes cumplieron 33 órdenes de allanamiento y 4 órdenes de prisión preventiva, además de imponer 48 medidas cautelares a los sospechosos.

También figuran en la lista el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por su presunta participación en los disturbios ocurridos el 8 de enero de 2023, protagonizados por simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL) del exmandatario brasileño.

Aunque la Policía Federal no especificó contra quiénes se emitieron las órdenes de prisión, un medio de prensa  “informa que entre los cuatro detenidos se encuentran Filipe Martins, un estrecho asesor de Bolsonaro durante su mandato; los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto; y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército”.

Según la Policía Federal, se sospecha que este grupo de políticos y militares formó parte de una “organización criminal” que intentó llevar a cabo un golpe de Estado para mantener al entonces presidente en el poder.

La investigación apunta a que este grupo se dividió en núcleos de actuación para propagar sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula derrotó a Bolsonaro, incluso antes de que se celebraran los comicios.

La estrategia, según la Policía, buscaba “legitimar una intervención militar” sembrando dudas sobre el resultado electoral mediante información falsa sobre las urnas electrónicas utilizadas en el país desde 1996 en sus procesos electorales.

Además, se identificó un segundo núcleo de actuación que consistió en actos para socavar el Estado Democrático de Derecho, mediante un golpe de Estado, con el apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente tenso.

Estos eventos culminaron con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento desesperado por derrocar al Gobierno de Lula, quien había asumido el poder una semana antes.