- Luisa María Alcalde negó haber creado una “lista negra” y sostuvo que la presentación de “Derecho de Réplica” fue un análisis sobre un supuesto ecosistema de amplificación digital.
- La funcionaria afirmó que aparecer en el análisis no significa pertenecer a una operación coordinada, ni implica que un periodista o medio financie bots o cuentas anónimas.
- Periodistas y organizaciones cuestionaron la exposición pública de nombres y advirtieron sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y el ejercicio de la crítica.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, negó haber elaborado una “lista negra” de periodistas y medios de comunicación durante la edición del 12 de agosto del programa “Derecho de Réplica”.
En un video difundido en redes sociales este jueves, la funcionaria explicó que la exposición presentada en Palacio Nacional correspondió, según su versión, a un análisis sobre el funcionamiento de un supuesto ecosistema digital de amplificación artificial de contenidos y tendencias.
Alcalde aclaró que la aparición de periodistas, medios o políticos en el material presentado no significa que esas personas formen parte de una operación coordinada ni que sean responsables de financiar cuentas automatizadas.
Alcalde explica el objetivo de la presentación
La consejera jurídica sostuvo que una publicación difundida originalmente por un periodista, medio de comunicación o político puede ser retomada posteriormente por cuentas anónimas que la conectan con determinadas narrativas y la replican de manera masiva.
Según su explicación, el análisis busca identificar esa ruta de difusión y distinguir entre el origen de un contenido y las cuentas que posteriormente lo amplifican.
Alcalde afirmó que el hecho de que un nombre aparezca en el análisis no implica, por sí mismo, que exista una relación directa con cuentas de ataque o con redes automatizadas.
Gobierno reporta una red de cuentas automatizadas
La funcionaria señaló que el estudio presentado identifica una red de más de medio millón de cuentas que, de acuerdo con el análisis gubernamental, participarían en la amplificación artificial de determinados contenidos.
Aseguró que el objetivo es mostrar cómo una publicación puede pasar de un medio, periodista o figura pública a cuentas anónimas y posteriormente ser replicada por perfiles automatizados para generar una tendencia con apariencia de conversación espontánea.
Alcalde insistió en que el gobierno no afirmó que los medios o periodistas incluidos financien directamente a los llamados bots o trolls.
Niega señalamientos directos contra medios y periodistas
“Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político y eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación”, sostuvo la consejera jurídica.
También señaló que el análisis presentado busca identificar a quienes presuntamente participan en la amplificación posterior de los contenidos y determinar si existen recursos detrás de algunas de esas redes.
De acuerdo con Alcalde, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se forman determinadas tendencias en plataformas digitales y a distinguir entre conversaciones orgánicas y campañas de difusión coordinada.
La presentación generó críticas
La explicación de Alcalde ocurrió después de que periodistas, organizaciones y actores de oposición cuestionaran la exhibición pública de nombres de comunicadores, medios y políticos durante el programa “Derecho de Réplica”.
Entre las críticas se encuentra la del partido Somos México, que consideró preocupante que desde espacios oficiales se identifique públicamente a periodistas, analistas y opositores como parte de supuestos ecosistemas digitales contra el gobierno.
La agrupación sostuvo que un gobierno democrático puede responder a las críticas, pero debe hacerlo mediante información, argumentos y datos, sin utilizar la comunicación institucional para estigmatizar a quienes mantienen posturas críticas.
Periodistas cuestionan la exposición de sus nombres
Algunos de los periodistas mencionados también expresaron su rechazo o preocupación.
Carmen Aristegui cuestionó que desde el gobierno se presenten públicamente nombres de periodistas y medios, mientras que Jorge Orozco solicitó derecho de réplica y rechazó los señalamientos realizados sobre su actividad en redes sociales.
La periodista Nayeli Roldán también respondió a la polémica y defendió su trabajo como una labor orientada a proporcionar información verificada y contextualizada para la ciudadanía.
Las reacciones se producen en un contexto de preocupación por las condiciones de seguridad y libertad de expresión para el periodismo en México.
Alcalde insiste en que no existen “listas negras”
La consejera jurídica reiteró que la presentación no tuvo como objetivo elaborar un listado de periodistas enemigos del gobierno ni señalar directamente a los medios incluidos.
Su argumento central es que el análisis pretende explicar cómo determinados contenidos pueden ser retomados, modificados y amplificados por cuentas anónimas y automatizadas.
No obstante, la presentación original sí incluyó nombres de periodistas, medios, políticos y cuentas digitales, lo que provocó críticas y abrió un debate sobre los límites de la comunicación gubernamental y la exposición pública de personas críticas.
El debate se centra en libertad de expresión y redes sociales
La controversia enfrenta dos posiciones. Por un lado, el gobierno sostiene que tiene derecho a explicar cómo operan las campañas digitales de amplificación y a informar sobre posibles redes coordinadas.
Por otro, periodistas y organizaciones cuestionan que la exposición de nombres desde un espacio oficial pueda generar estigmatización o presión sobre quienes ejercen la crítica.
El debate también plantea la necesidad de distinguir entre la difusión legítima de información y una eventual operación coordinada de cuentas automatizadas, así como de presentar pruebas suficientes antes de establecer vínculos entre personas, medios y redes digitales.
