- La Asamblea Nacional de Ecuador aprueba ley para implementar referéndum sobre reformas de seguridad y justicia.
- Incremento de penas en asesinato, secuestro, narcotráfico y otros delitos clave según nueva legislación.
- La normativa refuerza las herramientas legales contra la delincuencia y promueve un Ecuador más seguro.
La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado por unanimidad la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, confirmando así la aplicación de las reformas propuestas en seguridad y justicia. Con un respaldo de 132 votos, los legisladores ecuatorianos han dado luz verde al texto definitivo, que incluye aumentos sustanciales en las penas para doce tipos de delitos graves, entre ellos el asesinato, secuestro, minería ilegal y narcotráfico.
Un Impulso Legislativo Crucial
La ley llega tras intensas deliberaciones de una Comisión Especial, que consolidó las observaciones del segundo debate legislativo en un texto de borrador. Carlos Vera, asambleísta socialcristiano, enfatizó el compromiso de sus colegas para proporcionar al poder judicial y a la ciudadanía un marco legal robusto en la lucha contra la delincuencia en todas sus formas.
El informe final del proyecto incorpora reformas al código penal, extendiendo el tiempo de condena en delitos como trata de personas, sicariato, secuestro extorsivo y tráfico de drogas. Además, se aumentan las penas en casos de minería ilegal, lavado de activos, tráfico de armas y delincuencia organizada. La normativa también restringe el acceso al régimen abierto y semiabierto para personas privadas de libertad y tipifica el delito de tenencia no autorizada de armas de fuego exclusivas de las fuerzas armadas y la policía.
En cuanto a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la Asamblea vinculó esta medida con delitos como concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La extinción de dominio se aplicará en casos de producción o comercialización de drogas, tráfico de personas, terrorismo, asesinatos, sicariatos, secuestros extorsivos, tráfico de armas, minería ilegal y delincuencia organizada.
“Esta legislación representa un avance significativo hacia un Ecuador más seguro para todos”, afirmó Vera respecto a los objetivos de la normativa aprobada por unanimidad en la Cámara. Sin embargo, el proceso legislativo no estuvo exento de tensiones, incluyendo diferencias entre el presidente Daniel Noboa y la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, particularmente en lo concerniente al aumento de penas propuesto por el Ejecutivo.
