Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados (Jufed), compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para denunciar los riesgos de la reforma al poder judicial en México. Según Fuentes, esta reforma amenaza la independencia del Poder Judicial y afecta el equilibrio de poderes en el país.
La reforma propone la elección de jueces y magistrados por voto popular y la destitución de 1,800 jueces federales mediante un sorteo, sin pruebas sólidas de corrupción. Esta medida se aplicará en dos etapas: la mitad en 2025 y el resto en 2027.
“La democracia muere en la oscuridad, y el primer paso hacia esa oscuridad es controlar la justicia”, afirmó Fuentes, quien subrayó que esto impacta directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Contexto y preocupaciones Fuentes destacó que durante los últimos seis años, el Poder Judicial ha enfrentado ataques constantes por parte del Estado y el partido en el poder, culminando en esta reforma que pone en peligro la independencia judicial. Entre las principales preocupaciones están la destitución masiva de jueces, la votación popular de los titulares, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la regresión en derechos laborales.
Andrea Pochak, relatora de la CIDH para México, mencionó que la situación del sistema judicial en el país ha sido objeto de atención en el pasado, señalando problemas como demoras en procesos, tortura, impunidad y resistencia a reformas. Pochak subrayó que la CIDH es consciente de las tensiones entre la reforma y los intentos de mejorar la justicia.
