- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigará las contrataciones del IFE, el INE y los organismos electorales estatales realizadas entre 2000 y 2025, ante indicios de irregularidades en el manejo de recursos públicos.
- La revisión buscará identificar concentración de proveedores, posibles prácticas ilegales, esquemas de subcontratación y mecanismos que pudieron limitar la competencia en las licitaciones.
- La ASF también realizará una auditoría integral al INE y revisará operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos relacionadas con dos grupos empresariales, de los cuales 3 mil 790.3 millones corresponden a organismos electorales locales.
ASF detecta posibles irregularidades históricas en las contrataciones electorales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que ampliará sus investigaciones sobre las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de todo el país.
La decisión se tomó después de que los trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas permitieran identificar indicios de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, la investigación abarcará las adquisiciones y los contratos realizados entre 2000 y 2025. El propósito es reconstruir el historial de compras de las autoridades electorales, identificar posibles anomalías y determinar si existieron prácticas que afectaron la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que las investigaciones se desarrollarán mediante tres principales líneas de trabajo.
Tres líneas de investigación para revisar al sistema electoral
La primera consiste en una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas del INE, el antiguo IFE y todos los organismos electorales estatales.
La segunda contempla un estudio histórico de las adquisiciones realizadas durante 25 años, con el objetivo de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales por parte de grupos empresariales o servidores públicos.
La tercera corresponde a una auditoría integral al INE, además de la revisión de la totalidad del gasto federalizado que reciben y ejercen los OPLE.
Con estas acciones, la ASF pretende examinar tanto los procedimientos de adquisición de bienes y servicios como el destino de los recursos públicos transferidos a las autoridades electorales de las entidades federativas.
Revisarán concentración de proveedores y posibles acuerdos entre empresas
Uno de los principales objetivos de la investigación será determinar si un grupo reducido de empresas concentró durante años los contratos para suministrar materiales y servicios electorales.
La revisión también buscará identificar posibles relaciones entre proveedores, grupos empresariales y funcionarios públicos, así como mecanismos que pudieron limitar la competencia en las licitaciones o favorecer la adjudicación de contratos a determinadas compañías.
Entre las prácticas que serán examinadas se encuentran los esquemas de subcontratación entre empresas pertenecientes a los mismos grupos empresariales, la participación de proveedores con pocos trabajadores y posibles mecanismos para simular competencia durante los procedimientos de contratación.
La ASF también analizará si estas operaciones generaron condiciones desfavorables para el erario público, mediante precios o condiciones que pudieran haber afectado el uso adecuado del presupuesto.
Operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos bajo investigación
La ampliación de las auditorías ocurre después de que el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informara sobre operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos relacionadas con dos grupos empresariales que contrataron con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.
De acuerdo con los datos presentados por el auditor superior, de ese total, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales.
Estas cifras forman parte de las indagatorias sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas y los mecanismos utilizados por determinadas empresas para obtener adjudicaciones.
La autoridad fiscalizadora busca establecer si existieron prácticas que afectaron la libre competencia, la transparencia de los procedimientos y el manejo de los recursos públicos.
Sheinbaum pidió revisar las administraciones anteriores del INE
La investigación también responde a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó revisar las contrataciones del INE, tanto durante la gestión de Guadalupe Taddei como en las administraciones anteriores.
La mandataria había pedido que la auditoría incluyera los contratos celebrados desde la etapa del IFE y que se transparentara el uso de los recursos públicos.
Sheinbaum señaló que, desde la creación del organismo electoral, al menos cinco empresas habrían concentrado la producción de materiales electorales, sin que se realizaran modificaciones para evitar esa concentración.
La revisión se desarrolla en medio de señalamientos entre Morena y partidos de oposición sobre las posibles responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados en las contrataciones electorales.
INE prepara denuncia ante la FGR por posibles responsabilidades
Paralelamente a las investigaciones de la ASF, la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó el 3 de noviembre que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El objetivo es que las autoridades ministeriales investiguen los posibles actos de corrupción y determinen las responsabilidades de los funcionarios o colaboradores que pudieran estar involucrados.
Cruz García aclaró que la denuncia tendrá carácter general y no estará dirigida inicialmente contra una persona en particular. Esto permitirá incluir a quienes existan indicios o señalamientos relacionados con las presuntas irregularidades.
La funcionaria también informó que el instituto continúa revisando todos sus contratos, incluidos los relacionados con la producción de credenciales para votar, cuyas operaciones superan los mil millones de pesos.
En esta revisión se encuentran contratos vinculados con empresas señaladas por sus presuntas relaciones con la anterior presidencia del organismo electoral.
La investigación abarcará desde el IFE hasta la actual estructura del INE
Con la ampliación de las auditorías, la ASF busca examinar 25 años de adquisiciones y contrataciones del sistema electoral mexicano, desde el funcionamiento del IFE hasta la estructura actual del INE y los organismos electorales estatales.
Las investigaciones permitirán identificar cómo se distribuyeron los contratos, qué empresas concentraron las adjudicaciones y si existieron irregularidades en los procedimientos de compra y en el ejercicio presupuestal.
Los resultados también servirán para determinar si hubo participación de servidores públicos o grupos empresariales en posibles prácticas ilegales.
La ASF precisó que las revisiones se realizarán dentro de sus atribuciones legales, con independencia y rigor técnico. Las posibles responsabilidades deberán establecerse a partir de los resultados de las auditorías y de las investigaciones correspondientes.
