- Fiscalía acusa al dirigente del PRI de uso indebido de recursos durante su gobierno
- La petición fue entregada a la Cámara de Diputados; incluye cuatro carpetas judicializadas
- Moreno asegura que es una represalia política y niega las acusaciones
Piden a Diputados proceder contra Alejandro Moreno
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche presentó una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual senador y dirigente nacional del PRI.
El exgobernador de Campeche es señalado por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos, mediante contratos que no cuentan con documentación comprobatoria ni evidencia de ejecución. Las autoridades lo acusan de peculado y uso indebido de funciones.
La solicitud fue turnada a la Secretaría General de la Cámara baja el pasado 23 de julio e incluye cuatro carpetas de investigación judicializadas.
Exfuncionarios involucrados y testigos protegidos
En el caso también aparecen 17 personas presuntamente involucradas, la mayoría excolaboradores del gobierno de Moreno. Algunos ya fueron vinculados a proceso y otros colaboran con la fiscalía como testigos protegidos bajo criterio de oportunidad.
Moreno rechaza señalamientos y acusa persecución
Alejandro Moreno respondió a las acusaciones señalando que se trata de un intento de desviar la atención de los problemas del gobierno federal. Afirmó que ya ha ganado procesos anteriores relacionados con estas denuncias y calificó la nueva solicitud como un acto político sin sustento.
“Es una cortina de humo del narco gobierno de Morena”, declaró. Según él, no existe ninguna prueba válida en su contra y las acusaciones buscan dañar su imagen pública.
Proceso legislativo en curso
La solicitud de declaración de procedencia fue confirmada por la Fiscalía de Campeche. De ser aprobada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, permitiría iniciar un proceso judicial formal contra Moreno Cárdenas.
Documentos obtenidos por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señalan posibles esquemas de desvío a través de facturación simulada durante su gestión como gobernador.
