- Ernesto Ruffo Appel permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.
- La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que aún no se resuelve la vinculación a proceso de los ocho imputados. La FGR investiga un presunto esquema de huachicol fiscal y triangulación financiera que habría provocado un daño estimado en 4 mil millones de pesos al erario y movimientos superiores a 3 mil millones de pesos a través de la empresa Ingemar.
Jueza impone medidas cautelares a ocho imputados por delincuencia organizada y contrabando
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanecerá en prisión preventiva luego de que una jueza federal le impusiera esa medida cautelar por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible, conocida como “huachicol ferroviario”.
La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega tras una audiencia inicial que se prolongó durante casi 40 horas y en la que el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Ruffo Appel y a otros siete acusados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando, derivados de una investigación sobre operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de hidrocarburos.
Cinco imputados serán trasladados al penal del Altiplano
La medida cautelar de prisión preventiva fue impuesta a:
- Ernesto Guillermo Ruffo Appel.
- Ricardo Thompson Navarro.
- José Merino Valdés Cuervo.
- Juan Hermilo Chávez Rodríguez.
- Luis Antonio Barrientos Juárez.
Los cinco permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número Uno “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales cumplirán la medida cautelar en sus domicilios por razones de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
Defensa solicita ampliación del plazo para definir su situación jurídica
La FGR informó que, tras la presentación de las imputaciones, la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que todavía no se define si serán vinculados a proceso.
Mientras tanto, todos continuarán sujetos a las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.
FGR investiga presunto esquema de huachicol fiscal
De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían participado en un esquema de contrabando de hidrocarburos, mediante el cual ingresaban combustible al país con declaraciones aduaneras presuntamente falsas o incompletas.
Según la Fiscalía, el mecanismo consistía en reportar menores volúmenes de combustible o declarar mercancías distintas para evitar el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales.
Las autoridades sostienen que este tipo de operaciones ocasiona pérdidas millonarias para las finanzas públicas y representa una fuente de financiamiento para organizaciones delictivas.
Empresa ligada a Ruffo habría movido más de 3 mil millones de pesos
Como parte de las investigaciones, la FGR señala que Ingemar, empresa de la que Ernesto Ruffo Appel es accionista mayoritario, habría participado en un esquema de triangulación financiera relacionado con la importación ilegal de combustibles.
Las indagatorias indican que entre junio de 2024 y julio de 2025, la compañía realizó transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos, recursos que presuntamente estarían vinculados con operaciones de contrabando de hidrocarburos.
La Fiscalía sostiene que Ingemar mantuvo relaciones comerciales con las empresas estadounidenses Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC, ambas con sede en Houston, Texas.
Asimismo, identifica a Crismón Hidrocarburos y Derivados como la principal empresa que aportó recursos a Ingemar, lo que, según el análisis financiero de la FGR, configuraría un esquema de triangulación de recursos.
Las investigaciones también refieren que la empresa realizó operaciones financieras mediante instituciones como Intercam, además de movimientos con Monex y BBVA, dentro de un patrón que las autoridades consideran atípico y sujeto a investigación.
Hasta el momento, la FGR mantiene abiertas las indagatorias y será un juez quien determine, en la siguiente etapa del proceso, si existen elementos suficientes para vincular formalmente a proceso a los ocho imputados.
