Juan Orlando Hernández, quien alguna vez fue elogiado en Estados Unidos como un aliado clave en la lucha contra las drogas, ahora se enfrenta a acusaciones por parte de fiscales federales de dirigir lo que describen como un “narcoestado” en su país.
Este giro inesperado representa una caída dramática para un líder político que fue considerado beneficioso tanto por gobiernos demócratas como republicanos en la lucha contra el narcotráfico y en los esfuerzos por controlar la migración desde el sur.
El hecho de que Hernández sea juzgado en Estados Unidos en lugar de su país de origen resalta las debilidades institucionales en Honduras, según Raúl Pineda Alvarado, un analista político hondureño y exlegislador del Partido Nacional de Hernández.
“Para los hondureños, esto es una demostración de la debilidad de nuestra democracia, entendida como la separación de poderes”, comentó Pineda Alvarado. “Los políticos no están sujetos a ningún tipo de control”.
Según las autoridades federales, Hernández habría obtenido ganancias del tráfico de cientos de miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos durante casi dos décadas, y en ocasiones habría colaborado con el poderoso cartel mexicano de Sinaloa.
Los millones de dólares provenientes del narcotráfico que Hernández habría recibido alrededor de 2004 supuestamente sirvieron para financiar su ascenso, desde legislador representante de una provincia rural en el occidente de Honduras hasta presidente del Congreso Nacional y dos períodos presidenciales consecutivos de 2014 a 2022, según los fiscales.
A cambio de los sobornos que presuntamente respaldaron sus aspiraciones políticas, los fiscales afirman que Hernández permitía que los narcotraficantes operaran en el país prácticamente con total impunidad: les proporcionaba información que les permitía evadir a las autoridades e incluso les ofrecía escoltas policiales para sus envíos de droga.
Durante su primera campaña presidencial victoriosa, Hernández habría recibido 1.6 millones de dólares de un traficante para financiar su campaña y la de otros políticos de su partido conservador.
Fue arrestado en su domicilio en la capital hondureña de Tegucigalpa en febrero de 2022, tres meses después de finalizar su período presidencial, y extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año.
