La secretaria de Género de Cochabamba, Tatiana Herrera, denunció este viernes al expresidente Evo Morales (2006-2019) por cinco nuevos casos de trata de personas y violación. Estos incidentes habrían ocurrido en los últimos cinco años en la provincia de Chapare, donde Morales tiene apoyo político y sindical.
Herrera explicó que cinco familias de Chapare no pudieron llegar a Cochabamba para presentar sus denuncias debido a bloqueos en la región. Según su denuncia, las hijas de estas familias, que eran menores en ese momento, fueron llevadas a La Paz por intermediarios vinculados a sindicatos en Chapare.
La secretaria afirmó: “En la mayoría de los casos, las hijas salieron sin el consentimiento de sus padres”.
Desde el 26 de septiembre, la Fiscalía boliviana investiga a Morales tras recibir un informe que sugiere que cometió trata de personas y abuso sexual con una menor, con la que supuestamente tuvo una hija en 2015, durante su presidencia. La fiscal Sandra Gutiérrez aseguró que ya hay “pruebas materiales” en su contra.
Además, Herrera mencionó otros dos casos de violación que involucran a menores de edad en hechos ocurridos entre 2014 y 2016. La madre de una de las víctimas se comunicó con Herrera, informando que su hija tuvo un hijo de Morales tras la violación. La madre teme represalias.
El gobierno ha prometido proteger a ambas víctimas y a sus familias para que puedan cooperar con la investigación. Esta denuncia ocurre en medio de un operativo policial en Cochabamba para liberar carreteras bloqueadas por simpatizantes de Morales, conocidos como “evistas”.
El bloqueo de carreteras ya lleva 19 días, con enfrentamientos entre la policía y los “evistas”. El presidente Luis Arce ha exigido el levantamiento de los bloqueos y le dio un ultimátum a Morales y sus seguidores.
Morales, atrincherado en Chapare, acusó a Arce de manejar su gestión de manera violenta, comparándolo con la expresidenta interina Jeanine Áñez, a quien culpa de haberle dado un “golpe de Estado” en 2019. La situación actual refleja la lucha por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) y el gobierno boliviano.
