- Un gran jurado federal de Texas imputó a cuatro personas por presunto tráfico de armas y apoyo al Cártel de Sinaloa.
- El principal acusado enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua por presunto apoyo material a una organización terrorista extranjera.
- Autoridades estadounidenses aseguraron que el caso refleja su estrategia para combatir el tráfico de armas que fortalece a los cárteles.
Gran jurado de Texas presenta cargos contra presunta red vinculada al Cártel de Sinaloa
Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación formal de 12 cargos contra cuatro personas señaladas de integrar una presunta red dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego y al suministro de apoyo operativo al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía federal, la investigación identifica como principal acusado a Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, Texas, quien presuntamente encabezó una operación que entre 2024 y 2026 abasteció de armamento y asesoría técnica a integrantes del grupo criminal que operaban en el estado de Chihuahua.
Acusan al principal implicado de brindar apoyo a una organización terrorista
Según la acusación, Hall enfrenta diversos cargos, entre ellos:
- Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
- Conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su ingreso a Estados Unidos.
- Portación de armas durante la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico.
- Declaraciones falsas para adquirir armas de fuego.
- Conspiración para comprar y traficar armas de manera ilegal.
La Fiscalía sostiene que el acusado mantenía contacto con un integrante del Cártel de Sinaloa en México y que, además de suministrar armas, proporcionó asesoría sobre cómo evadir los controles y la vigilancia de las autoridades estadounidenses.
Tres personas más también fueron imputadas
La acusación incluye además a:
- Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años, residente en Dumas, Texas.
- Omar Velásquez, de 44 años y residente en Utah.
- Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo.
Quezada Meza y Velásquez enfrentan cargos por conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas de fuego.
En tanto, Townsend fue acusada de proporcionar información falsa durante la adquisición de armas ante un distribuidor autorizado.
Todos los imputados ya comparecieron ante un tribunal federal para su audiencia inicial.
Autoridades afirman que las armas fortalecen las operaciones de los cárteles
El fiscal federal Ryan Raybould afirmó que el tráfico de armas desde Estados Unidos incrementa la capacidad operativa de los grupos criminales en México.
Señaló que el armamento ilegal permite a los cárteles fortalecer sus actividades relacionadas con el narcotráfico, ejercer violencia, participar en actos de corrupción y expandir otras actividades delictivas.
Por su parte, Brian Garner, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Dallas, aseguró que la investigación no solo documenta el tráfico de armas, sino también la presunta asesoría brindada para eludir la legislación estadounidense y evitar la detección de las autoridades.
Las penas podrían alcanzar cadena perpetua
En caso de ser declarado culpable, Loyd Walter Hall podría recibir una pena máxima de cadena perpetua debido a la gravedad de los delitos imputados.
Por su parte:
- Jesús Quezada Meza y Omar Velásquez enfrentan penas de hasta 15 años de prisión federal cada uno.
- Catlynn Ann Townsend podría ser condenada hasta a cinco años de prisión.
Las autoridades recordaron que la acusación constituye una imputación formal y que todas las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
Embajador de Estados Unidos destaca la cooperación bilateral
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que este caso refleja el compromiso del gobierno estadounidense para combatir las redes de tráfico de armas que abastecen a los cárteles de la droga.
El diplomático destacó que rastrear el flujo de armas ilegales resulta fundamental para reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales y reiteró la importancia de mantener la cooperación entre México y Estados Unidos para frenar el tráfico ilícito de armamento.
La investigación fue encabezada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Amarillo.
