- El presidente venezolano llama a la Fiscalía y a los jueces a corregir posibles injusticias en los procesos judiciales.
- Maduro defiende la detención de menores, pero asegura que la justicia debe ser justa y rectificar si es necesario.
- Las familias de los detenidos exigen la liberación inmediata de los arrestados tras las elecciones de julio.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, instó este lunes a los jueces y a la Fiscalía a revisar las detenciones realizadas tras las elecciones del 28 de julio, asegurando que se debe rectificar cualquier posible error en los procesos judiciales. Durante su programa semanal de televisión, Maduro hizo un llamado al fiscal general, Tarek William Saab, y a los jueces del país para que, si encuentran algún caso que requiera corrección, actúen en consecuencia.
El mandatario se refirió específicamente a los 69 menores detenidos, parte de los 1.836 arrestos documentados por organizaciones no gubernamentales tras las protestas contra el resultado electoral, que otorgó su reelección. Maduro destacó que los menores involucrados en estos casos están acusados de delitos violentos, principalmente relacionados con las protestas. Sin embargo, también señaló que la justicia debe ser imparcial, castigando a los culpables pero perdonando cuando corresponda.
Maduro llama a revisar posibles errores en las detenciones
En su intervención, el presidente insistió en que la justicia debe ser equitativa y, en caso de existir errores procedimentales, pidió a los jueces que actúen para rectificar las injusticias. Además, hizo referencia a los disturbios generados por las protestas y el contexto caótico en el que se produjeron los arrestos, señalando que algunos de los detenidos fueron capturados en medio del desorden generado por el rechazo a su reelección.
Las declaraciones de Maduro se dieron pocos días después de que los familiares de los detenidos, en una manifestación frente al Palacio de Justicia en Caracas, exigieran la liberación de los arrestados. Según el gobierno, el número total de detenidos asciende a 2.400, una cifra que ha generado controversia y demandas por parte de la oposición y los familiares de los implicados.
