Segunda zona militar en la frontera sur de EE.UU.
El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció la creación de una segunda zona militar restringida en la frontera con México. El Comando Norte de EE.UU. informó que esta área, de más de 100 kilómetros de longitud, estará bajo control del Pentágono y se integrará a la base militar de Fort Bliss, ubicada cerca de El Paso, Texas.
Objetivo: controlar la migración y actividad ilegal
La nueva zona tiene como propósito reforzar el control sobre la frontera sur, específicamente ante lo que el gobierno estadounidense califica como “actividad ilegal”, incluyendo el cruce irregular de migrantes y solicitantes de asilo. Esta medida se suma al despliegue masivo de tropas que Trump ha ordenado desde su regreso al poder.
Transferencia de terrenos federales
La decisión se basa en una orden presidencial emitida por Trump el pasado 11 de abril, en la que pidió a varias dependencias federales –entre ellas Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Agricultura– facilitar el traspaso de terrenos públicos al Pentágono para uso militar. El área afectada incluye la llamada “Reserva Roosevelt”, una franja de 20 metros de ancho que recorre casi 1,000 kilómetros desde Nuevo México hasta California.
Primeros migrantes acusados por cruzar zona militar
Esta semana, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra 28 migrantes detenidos tras cruzar la zona militar restringida. A diferencia del proceso civil habitual, fueron acusados de violar normas de seguridad en una instalación militar, lo que representa un delito mayor.
Mayor presencia militar en política migratoria
La creación de zonas militares y el uso del Ejército para gestionar temas migratorios se ha intensificado con la administración Trump. Incluso se ha reportado el traslado de migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, en Cuba, a bordo de aviones militares. Desde que Trump asumió nuevamente la presidencia, las detenciones por cruce irregular han disminuido drásticamente: en febrero se registraron menos de 30,000 arrestos, frente a los 124,000 reportados en diciembre bajo la administración anterior.
